Las asociaciones de la Industria Pesquera Argentina expresaron las principales fundamentaciones críticas a las reformas de la Ley Federal de Pesca (ley 24.922) incluidas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que implica modificaciones en el funcionamiento y organización de la industria argentina.
En el encuentro que mantuvieron la semana pasada, con legisladores nacionales, sostuvieron que las mismas plantean “un gravísimo error y riesgo para el sector”.
“La modificación propuesta lesionaría entre otras cosas el profundo Régimen Federal de la actual ley”, señalaron y consideraron “fundamental exponer esta situación a los legisladores argentinos para que tengan en cuenta las preocupaciones de nuestro sector antes de aprobar cualquier modificación de la Ley Federal de Pesca”.
“La pesca es un sector privado, netamente exportador (90% de su producción), que genera divisas por 1.800 millones de dólares anuales”, añadieron en un comunicado y resaltaron que se trata de “un sector muy competitivo”.
Aseguraron que “genera 46.000 puestos de trabajo directo en 806 buques con permiso nacional y 377 plantas en tierra”.
“A lo largo de casi 150 años de existencia ha desarrollado mercados en más de 100 países y produce alimentos con valor agregado”, insistieron.
A su vez, explicaron algunos puntos que se encuentran en discusión sobre el proyecto presentado por el actual gobierno nacional: “El sistema actual ha demostrado ser efectivo y eficiente. Es por ello que consideramos innecesario introducir modificaciones en la actual ley Federal de pesca”.
“El actual sistema permitió ordenar la pesquería de las principales especies en Argentina y en forma general al sector entero, posibilitando la recuperación biológica de una de las principales especies de nuestro país, la merluza común (Merluccius hubbsi) y mejorando sustancialmente el estado del caladero”, expusieron.
Hace 10 días el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres quienes asistieron en representación de las provincias patagónicas, y se comprometió a que las medidas propuestas en la ley sería «clarificadas».
La palabra fue «Clarificar» ni «corregir», ni «reemplazar» ni «anuladas» , lo que generó mayor preocupación aún y obligó, tanto al empresariado como a los gremios, a iniciar un derrotero por la legislatura para asegurar que la Ley de Pesca no sea modificada.