El posible desembarco de una planta de GNL de YPF y Petronas a Bahía Blanca , motivó un acercamiento entre el radicalismo y el sector de los libertarios dialoguistas del Senado bonaerense para impulsar un ambicioso proyecto de ley que crea un “Plan provincial de inversión, producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) Bahía Blanca”.
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Se trata de una iniciativa promovida por los senadores Sergio Vargas (LLA) y Nerina Neumann (UCR) para fomentar la baja de impuestos a los grandes inversores en el sector de producción y exportación de GNL. “Como ya hemos señalado, es sin mezquindades políticas que debemos apostar al desarrollo productivo y convertir esto en una política de Estado provincial”, señalaron los legisladores.
“Bahía Blanca cuenta con infraestructura portuaria adaptada y equipada para el manejo seguro y eficiente de hidrocarburos y productos químicos, lo cual es fundamental para la producción y exportación de combustible”, detalla el articulado que tiene como coautores a Carlos Kikuchi y Silvina Ventura.
Dentro de los fundamentos de la iniciativa, los autores destacan la necesidad de incentivar la radicación de empresas para producir y exportar gas natural licuado desde el puerto de Bahía Blanca, fomentar las grandes inversiones en la provincia de Buenos Aires y promover la participación de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad que estén en territorio bonaerense.
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Para ello, el texto propone incentivos tributarios para aquellas personas jurídicas que estén radicadas en la provincia de Buenos Aires, que tengan inmuebles afectados a la actividad y tengan un 90% de sus trabajadores bonaerenses. Entre ellos, aparece la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en diferentes porcentajes de acuerdo al cumplimiento de los requisitos antes nombrados.
En ese sentido, el proyecto faculta a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a que cobre los impuestos dejados de abonar, sus intereses y actualizaciones en caso de que se incumpla la normativa. Asimismo, estipula la creación de una Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento, que tendrá como que evaluar y analizar el cumplimiento de la norma, así como también deberá proponer y estudiar modificaciones que mejoren el desarrollo del plan “Bahía GNL”.