Según la versión publicada por la La Política Online, una empresa pesquera perteneciente a un grupo inversor estadounidense, participó de un encuentro con emisarios del gobierno, donde habrían deslizado la posibilidad que todas las empresas presentes aporten una «cuota» de 15 millones de dólares para resultar beneficiadas por el régimen por los próximos 15 años.
Según la versión dada a conocer, no se trataba de un canon ni de ninguna contribución oficial al Estado argentino por la explotación del recurso merluza, sino de un aporte extra a algunos integrantes del gobierno.
La información llegó a la «Embajada» a través de la firma Iberconsa S.A. Iberconsa, es tenedora del CITC de la merluza, con más del 14% de la cuota, (el máximo del 15% de concentración que permite el régimen). En 2019, el fondo norteamericano Platinum Equity adquirió la mayoría de Iberconsa. Platinum Equity es conocido por la compra de empresas que enfrentan situaciones financieras complejas.
Como la empresa es controlada por un grupo norteamericano está expuesta a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, que tiene aplicación internacional e impone multas multimillonarias para las empresas que operan en el exterior y cotizan en Wall Street. De acuerdo a lo que establece esa ley, los representantes de la empresa que acepten o paguen sobornos pueden ir a la cárcel.
Ante esta situación, cuando terminó la reunión con los supuestos emisarios del gobierno, la compañía controlada por Platinum Equity habría elevado un informe a la embajada de Estados Unidos para cubrirse, según confió a LPO un empresario al tanto de lo ocurrido.
El encuentro secreto en Plaza de Mayo revela además una fuerte interna en el gobierno por controlar la negociación. Hasta ahora el tema estaba en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. LPO reveló que en el sector ya existía un fuerte malestar con Sturzenegger, que comenzó cuando el ministro dijo que el régimen de pesca «es un problema» porque «hay gente que pesca nuestros peces y no paga nada por ellos». En esa línea, habló de una regalía del 0,15% que según las empresas pesqueras se trata de «un absurdo».
Entre las empresas mencionan como interlocutores a Santiago Caputo y Lule Menem, los hombres más cercanos a Javier y Karina Milei.
La intervención de Santiago Caputo en contra de Sturzenegger cuando aparecen los grandes negocios, ya se vio en la administración del RIGI, el régimen de beneficios millonarios para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. El principal asesor del presidente y su primo, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, lograron desplazar del control del régimen a Sturzenegger como estaba previsto inicialmente. La pelea fue tan brutal que se modificó la normativa apenas cuatro días después de sancionada.
Con Información de La Política On Line