La flota pesquera china viene intensificando sus maniobras para explotar los recursos del Atlántico Sur, especialmente dentro y en los alrededores de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina.
Según un reciente informe del Círculo de Políticas Ambientales, uno de los métodos más utilizados es el uso de banderas de conveniencia, una táctica que permite a embarcaciones chinas operar bajo el amparo de países como Vanuatu y Camerún para ocultar su origen real.
En este sentido, el documento revela que durante los primeros meses de 2025, la Prefectura Naval Argentina detectó un buque con bandera de Vanuatu pescando ilegalmente dentro de la ZEE. Al ser abordado, el pesquero se negó a la inspección y huyó hacia aguas internacionales. Investigaciones posteriores revelaron que este barco, identificado como Xinrun 579, pertenece en realidad a una empresa de capitales chinos, lo que evidencia una estrategia sistemática de encubrimiento de la actividad pesquera ilegal.
Otro de los mecanismos utilizados es la operación de barcos nodriza o reefers, los cuales funcionan como plataformas logísticas flotantes para las flotas pesqueras. Muchas de estas embarcaciones están registradas en Panamá, país conocido por su facilidad para otorgar registros a barcos extranjeros. Esto permite que la pesca ilegal continúe sin interrupciones y con apoyo logístico cercano.
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Además de operar con identidades encubiertas, China incrementó su control sobre la industria pesquera local. En 2024, empresas chinas adquirieron más de la mitad de la flota argentina dedicada a la pesca de calamar, consolidando su dominio sobre los recursos marinos del país. En paralelo, la provincia de Santa Cruz estableció acuerdos con compañías chinas para brindarles apoyo logístico, lo que genera preocupaciones sobre la influencia creciente del gigante asiático en la región.
Para enfrentar esta problemática, especialistas en conservación marina insisten en la necesidad de que Argentina ratifique acuerdos internacionales como el tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre subvenciones a la pesca ilegal y el Acuerdo de Ciudad del Cabo de la Organización Marítima Internacional. También se recomendó la implementación de un sistema de trazabilidad electrónica de la pesca, que permita diferenciar los productos de origen legal de aquellos provenientes de flotas irregulares.
El avance de la flota china en el Atlántico Sur plantea un desafío creciente para la soberanía y la conservación de los recursos marítimos de Argentina. Esto pone de relieve nuevamente el hecho de que sin una regulación efectiva y una mayor cooperación internacional con los países de la región, la pesca ilegal seguirá representando una amenaza ambiental y económica para el país.
Fuente: Escenario Mundial