El Astillero Río Santiago (ARS), una de las principales plantas navales públicas de Argentina, atraviesa un momento crítico vinculado a la construcción de los buques petroleros Eva Perón y Juana Azurduy, encargados en 2004 por la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
A pesar de los avances técnicos, el destino de estas embarcaciones permanece incierto debido a factores geopolíticos, económicos y normativos, en un contexto marcado por la desregulación del sector naval argentino.
El Eva Perón se encuentra técnicamente terminado y listo para ser botado, según declaraciones de Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, quien ha confirmado: «El barco ya está en condiciones de ser entregado. […] Cuestiones geopolíticas no permiten que Venezuela pueda llevárselo». Sin embargo, su entrega ha sido imposibilitada por las sanciones internacionales impuestas a Venezuela y la falta de acuerdos operativos.
En paralelo, el buque Juana Azurduy ha alcanzado un avance del 50 %, aunque su construcción se ha ralentizado ante la prioridad de finalizar el primero. Ambos buques, con una capacidad de 47.000 toneladas de porte bruto y más de 180 metros de eslora, representan los mayores construidos en Argentina en más de tres décadas.
Contexto contractual e histórico del proyecto
El contrato original, firmado en 2005 tras un acuerdo entre los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez, contemplaba la construcción de cuatro buques tipo PANAMAX, de los cuales se concretaron dos. El presupuesto inicial de 112 millones de dólares fue ampliado a 160 millones, con PDVSA abonando aproximadamente el 80 % del total. La botadura del Eva Perón ocurrió en 2012, aunque los retrasos y problemas de financiamiento han postergado repetidamente su entrega.
La empresa PDVSA ha enfrentado una profunda crisis interna, agravada por las sanciones de Estados Unidos desde 2019. Un informe interno de la compañía (marzo de 2023) reveló que más de la mitad de su flota petrolera está inoperativa o deteriorada, careciendo de certificaciones de navegabilidad.
Intentos de rescisión y reorientación comercial
Frente a esta coyuntura, el ARS se encuentra negociando la rescisión consensuada del contrato con Venezuela para permitir la búsqueda de nuevos compradores. «Se está trabajando para ver si se puede rescindir el contrato con Venezuela en forma consensuada y buscar otra empresa interesada en la compra de estos buques. Son alrededor de 34 millones de dólares, entregando los dos terminados», explicó Banegas.
La búsqueda de alternativas se desarrolla tanto en el ámbito nacional como internacional, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del astillero y preservar los puestos de trabajo. La situación de estos petroleros se ha transformado en un símbolo de las dificultades que atraviesa la industria naval argentina.
Consorcio de Gestión de Puerto La Plata
Desregulación del sector y consecuencias económicas
El proceso de desregulación iniciado por el gobierno argentino mediante los decretos 273/2025 y 340/2025 ha profundizado las tensiones en el sector. Estas normativas permiten la adquisición de buques usados en el exterior y habilitan la contratación de mano de obra extranjera, desarticulando las protecciones establecidas por la Ley de Industria Naval de 2017.
La derogación del artículo 15 de dicha ley, que impedía al Estado comprar buques en el extranjero si podían construirse localmente, ha sido duramente criticada por el gremio de ATE Ensenada. Su secretario general ha calificado la medida como una «destrucción total de la industria naval argentina», al considerar que facilita la fuga de capitales por la vía de importaciones y servicios internacionales de dragado y flete.
El astillero y su rol en la soberanía industrial
El ARS, con sede en Ensenada, provincia de Buenos Aires, ha sido históricamente un bastión de la producción industrial estatal. Sus trabajadores, organizados en torno al sindicato ATE Ensenada, mantienen una activa defensa del astillero frente a intentos de cierre o privatización ocurridos en administraciones anteriores.
El gremio insiste en que «no sobra gente, falta trabajo», y propone reactivar las gradas con proyectos diversificados: desde patrulleras para la Armada hasta obras de infraestructura metalmecánica para la provincia. Entre las producciones recientes más destacadas se encuentra la compuerta flotante de Puerto Belgrano, considerada la mayor obra metalmecánica del país en 2023.
Perspectivas futuras y plan de reactivación
Aunque el Eva Perón podría ser concluido técnicamente en un plazo de tres meses, aún se requiere definir quién realizará las pruebas de mar. El gremio ha advertido que «bajo ningún punto de vista permitiremos que el control y prueba de mar del buque Eva Perón lo realice otra empresa que no sea ARS».
Por su parte, Venezuela ha reiterado su interés en concluir la obra, aunque condicionado a la remoción de obstáculos geopolíticos. El presidente Nicolás Maduro declaró: «Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir en estos buques apenas se den las condiciones para terminarlo».
El futuro del Juana Azurduy, en tanto, dependerá de la resolución contractual con PDVSA o de la concreción de una nueva venta internacional. La conclusión del 50 % restante se encuentra condicionada a definiciones estratégicas y comerciales.
Fuente: Correo Gráfico