Tras cuatro años de su promulgación, esta semana la ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego dejó de regir tras la aprobación de una reforma impulsada por el gobierno fueguino encabezado por de Gustavo Melella.
La salmonicultura es la siembra y cosecha intensiva de salmónidos bajo condiciones controladas para fines comerciales. En este tipo de producción, se engorda a los peces en “jaulas flotantes” ubicadas normalmente en bahías y fiordos a lo largo de las costas, una técnica que se originó en Noruega a finales de la década de 1960. La cría intensiva de salmones en jaulas solo es posible en muy pocos ecosistemas, como los que hay en Tierra del Fuego y el sur chileno. Sin embargo, en ambos países ha generado una presión extrema sobre la biodiversidad.
La ley provincial N° 1355, promulgada en 2021, prohibía la cría y producción de tres tipos de salmónidos “con el fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos” de la provincia.
Desde mediados de este año, el ejecutivo provincial impulsó una reforma que consistía en derogar la ley para reemplazarla por un marco general de “acuicultura sustentable”, con principios de “innovación tecnológica, vigilancia sanitaria y desarrollo científico”.
Tanto científicos como organizaciones ambientalistas y representantes de pueblos originarios repudiaron la decisión legislativa y advirtieron que dar avance a esta industria significaría impactos irreparables en los ecosistemas.
Según Gustavo Lovric, biólogo e investigador principal del Conicet con experiencia en los ecosistemas fueguinos, como otros científicos lo atribuyen a los cambios que la provincia vivió desde mayo pasado. En aquel mes, el gobierno nacional estableció un régimen simplificado de importación para pequeños envíos de mercaderías fabricadas en Tierra del Fuego, que se tradujo en una baja de los aranceles de varios artículos electrónicos, un ingreso que hasta este año era muy relevante para las arcas fueguinas.
Desde que el gobierno provincial presentó su proyecto en la Legislatura, llovieron las denuncias por irregularidades. Una de ellas generó la renuncia de la presidenta de la comisión a cargo de su tratamiento, Laura Colazo (Partido Verde). Sin embargo, con un voto de diferencia, el lunes 15 de diciembre se aprobó este nuevo proyecto.
La nueva ley habilita y regula “el desarrollo integral de la actividad acuícola en la provincia de Tierra del Fuego, buscando un balance entre el crecimiento económico, la innovación y la protección ambiental”.
Por otro lado le otorga atribuciones a la Subsecretaría de Pesca que antes no tenía, como la regulación de afluentes y de cualquier químico — sean hormonas, antibióticos y demás — que se vierta en cuerpos de agua. También será, en conjunto con la autoridad provincial del agua, capaz de otorgar territorio provincial para la actividad acuícola y concesiones para la extracción de agua a empresas del sector. Además, se le atribuye el control y la vigilancia ambiental de estas actividades.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura de Tierra del Fuego, Diego Marzioni, aseguro que “Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable. El objetivo claro es ampliar nuestra economía de manera ordenada”, haciendo frente a las críticas a la postura del gobernador.
Nancy Fernández, presidenta de la Asociación Mane’kenk, que adhiere a «No Salmoneras en Tierra del Fuego», advirtió que pedirán la inconstitucionalidad de la ley recién aprobada, en primer lugar, por las atribuciones otorgadas a la Subsecretaría de Pesca.
Fernández dijo “Tenemos un vicio de origen porque quiebra el principio precautorio de la Ley General del Ambiente; también viola la Ley de Aguas de la provincia, porque divide la autoridad y la potestad en la regulación del agua, y la Ley de Ambiente provincial”, explicó en diálogo con LA NACION. También señaló que judicializarán los “vicios de procedimiento”.
Como Fernández, el legislador Pablo Villegas, autor de la ley original, también consideró que es inconstitucional la reforma y acompañó el pedido a la Justicia.