Una pacífica y legítima acción de estibadores de Concepción del Uruguay fue reprimida violentamente con balas de goma, palos y detenidos durante un reclamo a la empresa uruguaya Urcel SA. La violencia ejercida por las autoridades policiales sucedió por orden de la fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi, con apoyo de Urcel SA y FeMPINRA incluso cuando se acordaba una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos.
El Puerto de Concepción del Uruguay fue escenario este lunes de un grave episodio de represión policial contra trabajadores estibadores que reclamaban el reconocimiento de su organización sindical y la defensa del trabajo local. La intervención de las fuerzas de seguridad dejó como saldo varios detenidos y heridos, en un operativo que se produjo en el marco de un conflicto laboral aún no resuelto. Cabe recordar que los jornales para estibadores en los puertos de Entre Ríos son los más bajos del país.
Autoridades gremiales responsabilizan por la violenta y sangrienta represión directamente a la empresa Urcel SA, a las autoridades del puerto, a la Fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi y señala con especial gravedad el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que a través de su delegado gremial (según la FEPA) acompañó y avaló el accionar represivo, alineándose en contra del sindicato local.
Represión en medio de una conciliación obligatoria
El pacífico pedido de respuestas fue encabezado por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay -legalmente constituido y con autoridades recientemente electas- que denuncia a la empresa de capitales uruguayos Urcel S.A. por desconocer la legislación laboral argentina y extorsionar con amenazas directas a los trabajadores locales con personal de otras localidades en condiciones de explotación.
“Lo que ocurrió en Concepción del Uruguay es inadmisible. En medio de una conciliación obligatoria dictada por la Provincia, se desató una violenta e ilegal contra un reclamo justo. Acá hay una empresa uruguaya que no respeta la ley argentina, la FeMPINRA que avala ese atropello y un Estado que, en lugar de garantizar derechos, reprime a los trabajadores”. señalaron estibadores de Concepción.
La FEPA denunció que el acuerdo de la empresa uruguaya Urcel SA con la FeMPINRA un eslabón clave para la represión policial
En el centro del conflicto aparece además el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), señalada por los estibadores por motivar el accionar policial a través de su delegado gremial, alineándose con la empresa uruguaya Urcel SA y desconociendo a los estibadores locales, «Esta posición llevó violencia a una pacífica respuesta de trabajadores que dependen de la estiba portuaria«.
El SUPA resaltó las contradicciones de la FeMPINRA
«El accionar de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) expone una contradicción difícil de explicar. Meses atrás, la FeMPINRA participó activamente de bloqueos y medidas de fuerza en el puerto de Bahía Blanca, denunciando condiciones laborales y salariales, en una terminal que, paradójicamente, cuenta con los mejores salarios del mundo portuario argentino y con sindicatos plenamente reconocidos», manifestaron.
y continuaron «en Concepción del Uruguay el escenario es diametralmente opuesto. Los estibadores se encuentran entre los peores pagos del país, denuncian extorsión con amenazas directas con personal de otras localidades en condiciones de explotación, precarización, violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales y el desconocimiento de un sindicato legalmente constituido. A pesar de ello, la FeMPINRA no solo guarda silencio, sino que según denuncian los propios trabajadores habría acompañado el accionar de la empresa uruguaya Urcel SA, la represión policial y las decisiones de la fiscalía durante los hechos«.
«Esta diferencia de criterios deja al descubierto una selectividad política y gremial de la FeMPINRA que hoy es cuestionada por amplios sectores del movimiento portuario, incluso por sindicatos miembros que tendrían decidido irse de la FeMPINRA» denuncian desde la FEPA.
«El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su Secretario General Martín Soto, goza de inscripción gremial otorgada por Resolución N° 812, inscripta bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los trabajadores del puerto» aseguraron los estibadores reprimidos por el accionar de la Prefectura.
Mientras tanto, desde el gremio aseguran que «el conflicto amenaza con escalar a nivel nacional si no hay respuestas políticas que garanticen y reconozcan a los estibadores locales y al SUPA Concepción».