A pesar de las amenazadas de «no devolver el puerto de Ushuaia nunca mas» , el gobernador de Tierra del Fuego, Antàrtida e Islas del Atlántico Sur, interpuso una «ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD» y solicitó una «MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO» sobre la intervenciòn del puerto fueguino.
En el medio día de hoy el gobernador GUSTAVO MELELLA, patrocinado por el Dr. JUAN CARLOS CASSAGNE, y el Dr. EMILIANO VÍCTOR FOSSATTO, se presentó ante el Juzgado Federal de la Provincia de Tierra del Fuego para accionar en contra de la Resoluciòn 2026-4-APN-ANPYN#MECON, de fecha 20 de enero de 2026, dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegaciòn (ANPyN) por la cual se dispuso la intervención administrativa y de infraestructura del Puerto de Ushuaia.
Las medidas solicitadas por el gobierno fueguino son declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de la intervenciòn y por otro lado una medida CAUTELAR para que se retrotraiga todo al 19 de enero reintegrando a la provincia su capacidad de gestionar administrativa y operativamente la gestiòn portuaria.
Entre los cuestionamiento que se realizan está la incompetencia de la ANPyN, para tomar una medida de estas carascterìsticas, la ilegitimidad e inconstitucionalidad del acto, la violaciòn de la autonomía provincial, la afectación del régimen federal y del principio de lealtad federal, la configuraciòn de una intervenciòn total, integral y sustitutiva de las competencias provinciales, y la asunciòn ilegìtima de la administración financiera, creando una cuenta «paralela» para la apropiaciòn de los recursos y rentas del puerto y de la provincia, entre otros.
Lo desmedido de los hechos detallados, agravado por el desvió de fondos propios del puerto de Ushuaia a una cuenta del Banco Naciòn a nombre de la Administraciòn General de Puertos S.U. y la prohibiciòn del acceso a la zona portuaria, de los Oficiales de Protecciòn de la Instalaciones Portuarias (OPIP) – requisito indispensable para la operaciòn de buques internacionales – en esencia ya justifican la medida cautelar presentada.
Ver la medida judicial solicitada: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
A través de la pruebas presentadas por la Gobernación queda comprobado que se ha centralizado la facturación de los servicios portuarios; se ha Instruido a los usuarios y concesionarios para que efectúen los pagos fuera del circuito provincial normal y habitual; se dispuso que los importes se transfieran a una cuenta bancaria radicada en el Banco de la Nación Argentina, a nombre de ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS S.A.U., ente nacional ajeno a la Provincia y se ha exigido que las rendiciones y comprobantes se remitan a dependencias nacionales. Este tipo de medidas claramente muestran un manejo discrecional y comprometedor de los recursos económicos portuarios que le pertenecen al estado provincial, cómo así la afectaciòn del sistema presupuestario contable y de control que le corresponden.
Ante los argumentos vertidos la provincia de Tierra del fuego ha solicitado una «MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO».
En la tarde de ayer, según cuenta el diario Tiempo Argentino, desde el oficialismo amenazaron «con quedarse con el puerto si el gobernador decide ir a la Justicia«. Evidentemente Melella no se ha sentido afectado por el mensaje cuasi-mafioso y avanzó con la denuncia. Inclusive, fuentes de la gobernaciòn le aseguraron a este medio, que a partir de esta presentaciòn llega la hora de una «lluvia» de denuncia penales sobre funcionarios nacionales.
Mientras tanto, la «intervenciòn» le concediò el control operativo del Puerto. a Juan Avellaneda, secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, un sindicato hasta unos meses, inexistente en la isla.
El sindicalista fue quien presentó la denuncia ante la agencia portuaria, lo que le valió de mèrito para concederle el manejo, como mínimo, del movimiento portuario de mas de 500 cruceros internacionales durante el perìodo de intervención, que tiene como plazo inicial un año, aunque no se descarta que pueda extenderse por tiempo indefinido.
En la provincia no causó sorpresa su nombramiento, a pesar que el representante gremial está asociado a un sindicato “marginal” dentro del rubro, ya que la mayoría de los trabajadores responde gremios como ATE (trabajadores estatales), APDFA (Directivos Portuarios) y SUTAP (Trabajadores de las administraciones portuarias).
Por otro lado, ya circulan en las redes sociales la junta de firmas con los apoyos al gobierno fueguino y el rechazo a la medida tomada por el estado nacional «miembros de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y referentes de la cultura, el deporte y la defensa de la soberanía, nos pronunciamos en enérgico rechazo y denuncia ante la intervención e inhabilitación del Puerto de Ushuaia dispuesta, mediante la Resolución 4/2026, por el gobierno de Javier Milei, que a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desplaza a la Dirección Provincial de Puertos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur«.
Al mismo tiempo denuncian «que esta intervención es el paso previo para poner al Puerto de Ushuaia y al proyecto del Polo Logístico Antártico al servicio de los intereses militares y comerciales de los Estados Unidos y sus aliados«.
Con relación al aviòn Boeing C-40 del ejército de los Estados Unidos arribado a Tierra del fuego, se supo de una reuniòn de los legisladores americanos, con personas integrantes de La Universidad Nacional de Tierra del Fuego y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic, dependiente del Conicet) en un hotel en las afueras de Ushuaia, pero los participantes se esforzaron en reconocer, haber asistido en forma personal y no en representación de instituciones. Muy poco para la envergadura del hecho.
Sobre este tema, solo la senadora nacional, Cristina López (Fuerza Patria) se dio por enterada de lo ocurrido y en un comunicado pidió explicaciones al Gobierno Nacional. Se quejó de la nula información oficial y de la falta de intervención del Congreso para autorizar la actividad.
Queda, todavía, la punta empresaria detràs de estos hechos, vinculados especialmente a la familia Caputo, con interese económicos muy fuertes en la provincia más austral del mundo (tanto en Ushuaia como en Río Grande).
La ventanas abierta por la ANPyN con esta medida no se agotan y seguirán en observaciòn durante los próximos días, por lo menos hasta que la Justicia Federal de la isla tome una decisiòn, al menos transitoria (responda el pedido cautelar de la gobernaciòn), y se puedan ir cerrando algunas de ellas.