El Gobernador Gustavo Melella, anuncio una serie de leyes enviadas a la legislatura. Algunas de ellas conforman un primer eje, que incluyen iniciativas como emprendimientos generadores de empleo, una nueva ley marco de pesca y la constitución de una sociedad vinculada a la gestión portuaria.
El gobernador fueguino, en su presentación, subrayó que las medidas buscan sostener el crecimiento “aun con vientos en contra”.
Con el Puerto de Ushuaia intervenido por de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A., una nueva estructura con perfil empresario destinada a la explotación y administración de la actividad portuaria.
La propuesta abarca puertos, espacios acuáticos e instalaciones portuarias y extraportuarias ubicadas al sur de los paralelos 53° y 54° de latitud sur, zona que abarca el Estrecho de Magallanes, la Isla Grande de Tierra del Fuego, el Canal Beagle y el norte de la Península Antártica.
El proyecto se apoya en la Ley Nacional de Puertos 24.093, que impulsó la provincialización de los puertos y habilitó esquemas descentralizados con participación privada. En ese marco, el Ejecutivo sostiene que la dinámica del sector exige modelos más flexibles, capaces de integrar logística, transporte multimodal y financiamiento, en línea con experiencias internacionales como las de Rotterdam o Amberes.
La nueva sociedad se constituirá como sociedad anónima, con participación de la Dirección Provincial de Puertos como accionista e integrante del directorio. El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la definición del estatuto, la composición accionaria y la conformación del órgano de conducción.
Entre sus funciones, la sociedad podrá administrar infraestructura, prestar servicios a buques y cargas, coordinar servicios portuarios, ejecutar tareas de dragado y balizamiento, y celebrar convenios con actores públicos y privados. También estará habilitada para desarrollar fideicomisos, gestionar financiamiento y suscribir contratos con operadores nacionales e internacionales.
El proyecto destaca que la gestión deberá combinar eficiencia y competitividad, el estricto cumplimiento de normas ambientales, de seguridad de la navegación y de control de tráfico, en coordinación con autoridades federales.
Uno de los puntos clave es que el Ejecutivo conservará una “acción de oro”, que le permitirá intervenir en decisiones estratégicas vinculadas a políticas públicas. A su vez, la Dirección Provincial de Puertos mantendrá las funciones regulatorias, mientras que la nueva sociedad asumirá la gestión operativa.
En cuanto al financiamiento, el texto prevé ingresos a partir de cánones, tarifas, tasas por servicios, multas, subsidios, donaciones y aportes privados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de inversión del sistema.
DEROGACION ESPERADA:
En paralelo, el Ejecutivo también presentó un proyecto para derogar el artículo 12 de la Ley Provincial 1596, que había creado un fondo para el pago de la deuda de la obra social estatal, financiado en parte con el superávit de la Dirección Provincial de Puertos correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. La medida se vincula con la reorganización del esquema financiero del sector portuario.
Hace apenas dos días la autora de Ley, la Legisladora provincial Victoria Vuoto, había asegurado que el artículo no lo había incorporado ella, dejando abierta la puerta de conocer como llego al proyecto (luego convertido en ley) la afectación de fondos portuarios.
PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMCIÓN PUBLICA:
El Diario del Fin del Mundo formalizó un pedido de acceso a la información pública ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en el que solicita una amplia batería de datos vinculados a la gestión del Puerto de Ushuaia. La iniciativa se inscribe en el marco de la Ley 27.275 y responde a la falta de transparencia denunciada en torno al manejo de los fondos y la operatoria desde la intervención del puerto.
En ese sentido, la presentación exige, en primer lugar, conocer la nómina completa del personal contratado o designado desde el 1 de enero de 2026 por la Intervención. Además, se requiere detallar modalidad de contratación, funciones, dependencia jerárquica, remuneraciones y fechas de inicio de pago.
Asimismo, se solicita información sobre eventuales restricciones al ingreso y permanencia en el puerto de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, contratistas, proveedores y otros actores. En particular, se pide precisar si existen directivas u órdenes en ese sentido, su alcance y fundamento jurídico.
Por otra parte, el requerimiento incluye el listado de empresas autorizadas a operar en el puerto, con detalle de actividades, fechas de habilitación y plazos de vigencia. Este punto busca transparentar quiénes intervienen actualmente en la operatoria portuaria desde el inicio de la intervención federal.
En relación con los recursos económicos, el pedido exige un desglose completo de los ingresos percibidos desde el 1 de enero de 2026, discriminados por concepto, origen y fecha. A su vez, se reclaman los comprobantes emitidos —facturas, notas de crédito y débito— y los recibos correspondientes, incluyendo datos como destinatarios, montos y formas de pago.
Además, se requiere el estado de cuentas corrientes de los clientes, el detalle de servicios pendientes de facturación y la identificación de comprobantes aún no cancelados. Todo ello apunta a reconstruir el circuito de facturación y cobro dentro del puerto.
En cuanto a las erogaciones, la presentación solicita información exhaustiva sobre pagos, contrataciones y gastos realizados con fondos provenientes de la cuenta informada a los operadores portuarios. También se pide conocer los saldos y movimientos bancarios al 31 de enero y al 24 de marzo brero de 2026, así como los movimientos de la cuenta radicada en el Banco Nación a nombre de la Administración General de Puertos.
De igual modo, se exige el detalle de los gastos operativos necesarios para el funcionamiento del puerto —como servicios, mantenimiento, seguridad y logística— con indicación de proveedores, montos y fechas.
En otro tramo, el pedido avanza sobre aspectos operativos y de seguridad. Se solicita el registro de movimientos de embarcaciones (arribos y partidas) desde el 21 de enero de 2026, junto con el detalle de incidentes ocurridos en las instalaciones y sus correspondientes actuaciones ante Prefectura Naval.
Asimismo, se pide información sobre la articulación institucional tras la intervención del puerto, en particular respecto de la convivencia con competencias provinciales y la eventual afectación a terceros.
La solicitud hace foco en las certificaciones y condiciones de seguridad vigentes. Se requiere acreditar el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), incluyendo planes de protección, contingencia ante derrames, certificaciones de amarre y la actuación de personal especializado. También se consulta sobre auditorías realizadas por Prefectura y posibles observaciones o limitaciones operativas vigentes.
Frente a la falta de información por parte de la ANPyN, el pedido busca reconstruir de forma integral el funcionamiento administrativo, financiero y operativo del Puerto de Ushuaia en los últimos meses. En consecuencia, la respuesta de la Intervención será clave para determinar el grado de transparencia en la gestión ya que se están desviando fondos provinciales a cuentas del Estado Nacional sin que existan procedimiento de control ni de rendición de cuentas.