El gobierno de Santa Cruz lanzó un programa de descuentos de hasta el 50% en la venta de merluza con motivo de Semana Santa, con el objetivo de facilitar el acceso al pescado en un contexto de crisis económica y caída del consumo.
La iniciativa fue impulsada por la administración del gobernador Claudio Vidal y contempla acuerdos con pescaderías de distintas localidades, además de la posibilidad de distribución en barrios populares.
El plan se sostiene en aportes de empresas pesqueras de la provincia, entre ellas Vepez S.A., firma que mantiene un conflicto abierto con trabajadores portuarios y organizaciones sindicales. Según denunciaron gremios del sector, parte del pescado distribuido provendría de stock almacenado desde hace tiempo en cámaras frigoríficas y que no había sido comercializado previamente.
La situación generó cuestionamientos en el ámbito sindical, donde se sostiene que la mercadería utilizada para el programa social sería producto de empresas que no cumplen acuerdos laborales y que mantienen disputas salariales y operativas en los puertos de la provincia.
El conflicto se concentra especialmente en Caleta Olivia, donde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) dieron por finalizada la negociación en el marco de la conciliación obligatoria con la empresa Vepez.
En un comunicado, la FEPA, encabezada por su secretario general Marcelo Osores, denunció que la empresa “está condicionando la paritaria con respecto a cuestiones administrativas que de ninguna manera pueden ser utilizadas para tal fin, negándose a reconocer el trabajo de nuestros compañeros”. Además, sostuvo que la firma avanzó con medidas que “van contra la ley de salud mental y el acompañamiento a personas con problemáticas de consumo, van contra los derechos laborales y se va a denunciar ante todas las autoridades competentes”.
Los gremios señalaron que habían aceptado replicar en Caleta Olivia las mismas condiciones que rigen en Puerto Deseado, donde se aplican controles de alcoholemia al ingreso a los muelles y se alcanzaron acuerdos salariales bajo lineamientos impulsados por el propio gobierno provincial. Según indicaron, también aceptaron la realización de exámenes preocupacionales y acompañaron propuestas para implementar programas de abordaje de consumos problemáticos entre los trabajadores.
Pese a ello, denunciaron que la empresa pretende imponer nuevas medidas que consideran discriminatorias y que, a su entender, buscan excluir a trabajadores con problemáticas de consumo, aun cuando los controles de alcoholemia al ingreso garantizan que el personal no acceda a su puesto bajo efectos de sustancias.
En ese marco, las organizaciones sindicales advirtieron que las irregularidades denunciadas podrían derivar en presentaciones formales ante organismos competentes y eventualmente poner en riesgo permisos de pesca y habilitaciones operativas de las empresas involucradas.
El programa oficial de descuentos en pescado fue presentado por el Ejecutivo provincial como una medida de contención social en una provincia afectada por la recesión. Sin embargo, su implementación en medio de un conflicto laboral activo generó críticas desde sectores gremiales, que sostienen que la asistencia se construye sobre mercadería aportada por empresas que mantienen deudas y disputas abiertas con sus trabajadores.
La controversia adquiere además una dimensión política por la trayectoria sindical de Vidal, quien desarrolló su carrera pública en el ámbito gremial petrolero antes de llegar a la gobernación. Desde sectores del movimiento obrero señalan que la situación refleja tensiones entre ese pasado sindical y la actual articulación del gobierno provincial con empresas cuestionadas por su comportamiento laboral.
El conflicto permanece abierto y a la espera de nuevas instancias de negociación o intervención de autoridades laborales, mientras el programa de descuentos continúa vigente en distintas localidades de la provincia.
Fuente: Consultora UNIO