Según un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), la flota extranjera que opera en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina está conformada por alrededor de entre 400 y 600 buques pesqueros extranjeros. Esa masiva flota que opera en la Milla 201 extrae entre dos y cuatro veces el volumen que captura la industria pesquera nacional, advierte el informe.
Según el estudio, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar hasta cuatro veces más volumen, generando un fuerte impacto económico, laboral y ambiental.
El estudio subraya que las flotas extranjeras que operan en la Milla 201 y las aguas adyacentes de las ZEEA representan una de las mayores amenazas de seguridad marítima para la República Argentina en la actualidad, con impacto directo en la economía regional y los ecosistemas marinos soberanos.
En ese contexto se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra la pesca ilegal en Argentina, incorporando penas de prisión y multas millonarias para quienes realicen capturas fuera de la normativa vigente.
La iniciativa, impulsada por el diputado Guillermo Michel, propone modificar el Código Penal para castigar la extracción de especies durante períodos de veda, en zonas protegidas o mediante métodos prohibidos. Además, contempla agravantes para casos que involucren embarcaciones extranjeras sin autorización, el uso de técnicas destructivas, la captura de especies protegidas o la participación de funcionarios públicos.
Industria pesquera «El Corsario S.A.»
PROTEGER NUESTROS RECURSOS ES PROTEGER NUESTRA INDUSTRIA
El proyecto también apunta a toda la cadena comercial vinculada a la actividad ilegal. De aprobarse, podrán ser sancionados quienes compren, transporten, almacenen o comercialicen productos obtenidos mediante pesca clandestina, con penas más severas cuando exista una organización dedicada a esta actividad.
Entre las medidas previstas se encuentran el decomiso de embarcaciones, vehículos y equipos utilizados para cometer el delito, así como multas para empresas pesqueras que podrían alcanzar hasta cinco veces el beneficio económico obtenido.
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la explotación ilegal de recursos en el Mar Argentino. Según datos citados en la iniciativa, entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies son extraídas cada año por flotas extranjeras que operan cerca de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
De acuerdo con estimaciones oficiales, las pérdidas económicas para el país superarían los 1.000 millones de dólares anuales, mientras que especialistas advierten sobre el impacto ambiental que genera la sobrepesca de especies clave como el calamar y la merluza.