En un discurso por cadena nacional, que se extendió por mas de 15 minutos, el presidente Javier Milei, cambio radicalmente su posición sobre las Islas Malvinas. De admirar a Margaret Thatcher, pensar el voto con los pies de los kelpers o la admiración hacia el presidente israelí Benjamín Netanyahu, pasó en cuestión de minutos, a sancionar las empresas que operan el el proyecto Sea Lion.
El mandatario anuncio la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia con el objetivo de ampliar los recursos de la cartera de defensa “El fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
Anunció los fondos para retomar el proyecto de la Base Naval Integrada. La obra fue oficializada el 3 de marzo del 2022, cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa, Jorge Taiana, en la presidencia de Alberto Fernández. Buscaba unificar la infraestructura militar (Armada, Fuerza Aérea y Ejército) como apoyo logístico a la Antártida en la península de Ushuaia.
Aunque formaba parte de una estrategia de Defensa, que se inició en los años 90 y posteriormente tomara impulso en el 2011, no fue hasta el 2022 donde se anuncio oficialmente el avance para que se convirtiera en realidad.
Jorge Taiana, puso en marcha los trabajos con recursos del FONDEF. El proyecto contempla un muelle, infraestructura para logística antártica, talleres, depósitos, edificios de comando y viviendas para el personal. Por su ubicación, Defensa la presentó como una infraestructura destinada a mejorar la conexión con la Antártida y el posicionamiento estratégico argentino en el Atlántico Sur. Este proyecto se paralizó con la llegada de Javier Milei a la presidencia.
El anuncio no fue aislado. infobae, recuerda que en el año 2024, Milei viajó a Ushuaia junto a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Allí, el mandatario anticipó que la base funcionaría como un gran centro logístico capaz de dar servicio a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur, además de constituir el punto de apoyo más cercano a la Antártida. “Estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Esta obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur”. De sus declaraciones surgía claramente un desconocimiento del proyecto o bien un cambio de rumbo al original, que era estrictamente vinculado a la defensa nacional.
Estos anuncios parecieran estar vinculados a la decisión de Nación de avanzar con la venta de terrenos perteneciente a la Armada Argentina en Ushuaia. La medida se oficializó a través de la Resolución 101/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que desafectó las tierras.
El lote tiene una superficie de 2.939 metros cuadrados y se encuentra delimitado por las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en las inmediaciones de la planta Orión. De acuerdo con la documentación oficial, el Ministerio de Defensa comunicó el año pasado que no existían proyectos para utilizar ese espacio en el futuro, motivo por el cual fue considerado prescindible.
Por otra parte y atado a las declaraciones del propio Milei en el 2024, en enero del 2026, el gobierno nacional decidió unilateralmente intervenir el Puerto de Ushuaia por 12 meses, justamente el puerto que se especializa en lo que el presidente pretendía para la Base Naval Integrada.
MEDIDAS ESPECÍFICAS SOBRE MALVINAS:
Milei advirtió que desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras persiste la controversia de soberanía, incluida la explotación de sus recursos naturales.
En ese contexto, señaló que el proyecto petrolero Sea Lion representa “algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”., dijo el presidente y continuo “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.
Para hacer frente a esa situación, el jefe de Estado anunció la firma de un decreto que busca agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción petrolera en territorio argentino bajo ocupación británica. Las empresas involucradas en ese tipo de operaciones quedarán inhabilitadas para operar en suelo argentino.
El presidente no aclaró que la firma NAVITAS PETROLEUM de origen israelí que opera el proyecto petrolero offshore Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte sin ningún tipo de autorización ni consentimiento del Estado argentino, ya fue sancionada Navitas Petroleum LP fue sancionada formalmente por el Gobierno argentino el 21 de abril de 2022, medida que se anunció de forma oficial el 23 de abril de 2022,
Las compañías que desarrollan el proyecto Sean Lion, ya fueron alcanzadas por las sanciones. Rockhopper Exploration fue inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años en 2013, mientras que Navitas Petroleum recibió la misma sanción en 2022 por su participación en el desarrollo petrolero frente a las costas de Malvinas.
LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL:
El presidente Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con carácter urgente. La iniciativa contempla dos ejes principales.
El primero apunta a modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas: los infractores no podrán contratar en territorio argentino, ya sea con el sector público o privado, y se prevé la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda.
El segundo eje crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo con facultades para articular de forma transversal a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia y el área económica. “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”.
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