Para el autor del proyecto, el Diputado Nacional Guillermo Michel, «Malvinas es una causa nacional. La defensa de su territorio y sus recursos naturales es una prioridad«.
El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, «es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas», definió Michel en su cuenta de X,
«Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas», explicó el legislador entrerriano.
El proyecto propone dejar sin efecto los Convenios que dan beneficios económicos y fiscales a las empresas chilenas que invierten en Argentina.
CONVENIOS QUE QUEDARIAN SIN EFECTOS:
1. Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la ley 24.342.
2. Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la ley 27.274.
MALVINAS A TRIBUNALES INTERNACIONALES:
El gobierno argentino recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, invocando el artículo 290 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo es obtener medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral del proceso iniciado por Buenos Aires el 28 de septiembre.
Entre las medidas solicitadas está impedir la extracción de hidrocarburos, evitar nuevos permisos y restringir el uso de información obtenida durante la exploración. El tribunal deberá determinar primero si existe jurisdicción, al menos de manera preliminar, y si la situación presenta la urgencia necesaria para adoptar medidas provisionales.