La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda colectiva por más de u$s26.000 millones contra las empresas pesqueras que operan en torno a las Islas Malvinas y contra una extensa red de compañías vinculadas con su actividad, a las que atribuye responsabilidad por la explotación de recursos en el Atlántico Sur sin autorización de la Argentina.
La iniciativa es impulsada por el especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, César Lerena, con patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, e incluye un reclamo económico que oscila entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, según el criterio de valuación de las capturas utilizado.
Lo que no hace el Estado, lo debe hacer una Fundación privada. En concreto, la demanda colectiva apunta contra firmas españolas, sociedades mixtas relacionadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente vinculadas con las operaciones, además de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.
Ver información suministrada por la Fundación Agustina Lerena: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQhWxTCDpLBkJcpddRlsKVlPljr?projector=1&messagePartId=0.1
El pasado 9 de octubre la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista en pesca y Atlántico Sur, Dr. César Augusto Lerena, presentó una acción colectiva ambiental histórica ante el Juzgado Federal de Río Grande provincia de Tierra del Fuego, a cargo de la jueza federal Dra. Mariel E. Borruto.
Borruto, es la misma jueza Federal que prohibió a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum la perforación del fondo marino en el Atlántico Sur; hizo lugar a una medida cautelar de las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La fundación denunciante, argumenta que el perjuicio no se limita al valor de los peces extraídos e incorpora posibles pérdidas asociadas con el procesamiento industrial, la comercialización, la recaudación impositiva y los derechos de captura que, de acuerdo con su planteo, corresponderían a la Argentina.
Para fundamentar el reclamo, la presentación invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922, además de la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estadísticas e informes técnicos, entre ellos los del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Por otra parte, cuestiona las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados a las islas.
Ena la denuncia se resalta que la flota gallega que opera en el Atlántico Sur con permiso del Gobierno colonial de Malvinas se aboca a la pesca del calamar Loligo o Patagónico y del calamar Illex, que generaron el colapsó en agosto, por segundo año consecutivo «dado que los muestreos científicos arrojaron niveles críticos de biomasa comercializable».
De las operaciones formaba parte una flota de 16 grandes buques arrastreros congeladores, pertenecientes a sociedades mixtas integradas por armadoras de Vigo y Marín (como Pescapuerta, Chymar, Pereira, Lanzal, Copemar, Wofco y Marfrío), en alianza con operadores locales. La demanda incluye a 12 empresas españolas, 7 joint-ventures, empresas nacionales, bancos, astilleros y aseguradoras por 4.101.131 toneladas extraídas entre 1989 y 2025.