La apertura comercial sin políticas compensatorias. pone en riesgo a sectores clave como de la industria nacional. Sus efectos ya se ven en textiles, calzados, alimentos y electrónica pero se extiende rápidamente hacia otras actividades.
«La desregulación comercial implementada por el Gobierno podría derivar en la pérdida de 431.452 puestos de trabajo en todo el país, lo que representa el 1,9% del total. Así lo afirma un informe elaborado por el think tank Fundar, que advierte que el mayor riesgo se concentra en los sectores industriales, duramente golpeados por el incremento de las importaciones», asegura el periodista Andrés Montero de Grupo Provincia.
El informe destaca la necesidad de diseñar políticas productivas y laborales específicas para los sectores y perfiles más expuestos a esta nueva fase de apertura económica. “En un contexto de bajos niveles de actividad, el proceso de apertura agrava la vulnerabilidad de segmentos laborales específicos, con posibles efectos a largo plazo en la estructura productiva de Argentina”, alerta Fundar.
Fundar reconoce que eliminar barreras comerciales puede impulsar el crecimiento económico, en especial al permitir la reducción de precios y el acceso a tecnología más avanzada. La flexibilización en la importación de bienes de capital e insumos intermedios, por ejemplo, puede potenciar el desarrollo productivo.
Sin embargo, advierten que estos beneficios tienen una contracara peligrosa: la amenaza a la producción local y al empleo. El informe recuerda que procesos similares de apertura comercial durante las décadas de 1980 y 1990 provocaron despidos masivos, baja salarial y un aumento de la informalidad laboral.
El 65% de los puestos de trabajo que estarían en riesgo (282.094) pertenecen al sector de la industria manufacturera. Los rubros más afectados serían textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, todos con alta exposición a la competencia externa.
Otros sectores con riesgo de pérdida de empleo son el comercio (62.355), transporte y comunicaciones (33.710), servicios profesionales y empresariales (19.880), agro (13.968) y finanzas (5.971).
Desde el punto de vista geográfico, el 74% de los trabajadores potencialmente afectados se encuentran en solo cuatro jurisdicciones: provincia de Buenos Aires (177.000 empleos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (69.000), Córdoba (36.000) y Santa Fe (35.000). Esta concentración se debe a la estructura productiva industrial de esas regiones.
En cuanto a la distribución de los riesgos por género, el informe señala que las medidas afectarían más a varones (311.000 puestos) que a mujeres (120.000), en parte debido a la participación laboral y los sectores donde predomina cada género. Por edades, los adultos jóvenes de entre 25 y 44 años serían los más afectados.
El documento de Fundar distingue entre la desocupación coyuntural, asociada a la recesión, y los empleos que se perderían estructuralmente por efecto de la liberalización comercial. “Las medidas de apertura impactan con mayor fuerza cuando no se articulan adecuadamente con otras políticas económicas”, remarca el informe.
Uno de los factores clave es el tipo de cambio real. Según Fundar, si se hubiera mantenido el nivel de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158, es decir, 76.294 puestos menos que en el escenario actual con el tipo de cambio de abril 2025.
“Es fundamental que el diseño de la política comercial contemple su interacción con el régimen cambiario, la política tributaria y la política productiva. De lo contrario, los efectos sobre el entramado productivo local se agravarán”, subrayan.
El informe de Fundar detalla una por una las acciones que conforman el proceso de apertura comercial iniciado por el Gobierno, entre las que se destacan:
- Eliminación del sistema de licencias no automáticas.
- Sustitución del SIRA por el SEDI y posterior derogación de este último.
- Reducción de aranceles en sectores sensibles como textil, calzado y electrodomésticos.
- Eliminación de controles aduaneros y reglamentos técnicos.
- Facilitación de importaciones a través de courier y régimen para bienes de capital.
Estas medidas, junto a la modificación del sistema antidumping, la baja de impuestos y la eliminación de requisitos de evaluación financiera, configuran una liberalización profunda que, según Fundar, requiere de políticas complementarias para evitar consecuencias sociales graves, finaliza el análisis elaborado por Montero surgido del informe de Fundar.