La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) elevaron al presidente del Consejo Federal Pesquero y Subsecretario de Recursos Acuícolas y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, un requerimiento por el cual le solicitan que gestione la suspensión de los derechos de exportación para la industria pesquera.
El documento de ambas cámaras empresariales resalta «No escapa al conocimiento de esta Autoridad que el contexto nacional e internacional para el sector, en estos momentos, resulta por demás crítico. Por un lado, el impacto de la guerra en Europa del Este, aspectos inflacionarios generales en países destino de nuestro producto, la continuidad de medidas restrictivas post pandemia en el mercado asiático, la caída abrupta de la demanda y los precios a la baja; la competencia adicional que resulta el langostino de criadero en un mercado deprimido, todo ello ha generado que, todas las empresas tengan una coyuntura desfavorable para su desarrollo»
Con las firmas del presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, y del titular de CAPeCA, Eduardo Boiero, le hacen saber a la autoridad de aplicación que «la pesca Argentina paga retenciones del 6% para el langostino entero premium en cajas de 2 kilos; 5% en las colas de envase de 2 kilos y 9% los bloques mayores de 2 kilos para procesamiento en otros países y los productos con mayor elaboración, pelados y desvenados pagaban 1% y 3% dependiendo de si los envases eran o no mayores a 1 kilo«.
«En el caso de los filetes de merluza, las retenciones van del 5% al 0% dependiendo del nivel de elaboración que tuvieran; un filet con piel en envase mayor a los 3 kilos pagaba el máximo, mientras que sin piel y poca espina pagaba el 3% si el envase era superior a 1 kilo y no tenía retenciones sin era inferior a ese peso».
En este contexto, las entidades empresarias advierten que «también como consecuencia de la inflación, los costos se elevarán y las importaciones no serán de un dólar siquiera a 800 pesos sino de 940 pesos, dado que se aplica el Impuesto PAIS del 17,5%, con lo cual la ecuación no resulta beneficiosa para un sector con baja demanda y caída de los precios internacionales», detallan al hacer una pormenorizada descripción de la realidad del sector.
«El aumento de los costos de captura y de producción, el aumento en combustibles, aceites y packaging; mayores costos en logística por falta de mayor actividad marítima; el aumento de los costos portuarios provinciales; y los nuevos e injustificados aumentos pretendidos por los convenios colectivos, el efecto de inflación en los ajustes salariales y el atraso cambiario de arrastre de años anteriores, se convierte en una estructura de costos inviable», alertan desde CAPIP y CAPeCA en la nota dirigida al subsecretario López Cazorla.
Por otro lado señalaron que «creemos necesario, por intermedio del carácter principal de autoridad pesquera nacional y como presidente de la institución principal de la política pesquera federal (Consejo Federal Pesquero) en este contexto de baja de precios internacionales y una débil demanda del principal consumidor mundial, la producción nacional entra en el periodo de crecimiento estacional con una perspectiva de aumento en los niveles de producción que redundará en una caída industrial».
«Que para mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena, deviene necesario suspender temporalmente hasta el 31 de octubre del corriente año, los Derechos de Exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) correspondientes a todos los productos pesqueros», manifestaron como propuesta las cámaras empresariales.
Consideran que la suspensión de los derechos de exportación para todos los productos pesqueros «otorgará mejores condiciones comerciales para la generación de divisas para la Argentina y la sustentabilidad laboral de la industria fabril».
“Esta medida, similar a la dispuesta por el Decreto N° 9/2024 publicada en el Boletín Oficial, busca otorgarle mayor competitividad al sector, a través de una mayor equidad entre las empresas que exportan”, finalizaron en su nota.