El grupo chileno de protección marina Ecoceanos realizó una investigación que evidencia serias debilidades de la institucionalidad pesquera y acuícola nacional para cumplir con los requisitos que implicará la implementación de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos (MMPA), que se aplicará desde 2026 a los productos pesqueros chilenos exportados al mercado estadounidense.
Según el estudio realizado por la abogada Claudia Arancibia, existe una preferencia por parte de los organismos estatales por proteger los intereses del sector pesquero y acuícola en desmedro del principio precautorio, que rige la legislación ambiental, pesquera y acuícola, y la legislación nacional e internacional que protege las poblaciones de mamíferos marinos en aguas chilenas.Los resultados de la investigación son relevantes para conocer el estado de la implementación efectiva de las medidas de protección y conservación de las poblaciones de mamíferos marinos, considerando que el cumplimiento de esta legislación será un aspecto clave para el futuro de la economía exportadora de Chile, ya que Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones pesqueras chilenas.La investigación de Ecoceanos se realizó a partir de solicitudes de información de distintos organismos públicos con competencia en la materia –como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), la Brigada de Delitos Ambientales (Bidema), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Fiscalía General de la Nación–, en aplicación de la Ley N° 20.285 de Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Además, se realizaron entrevistas a especialistas en el área jurídica y de investigación científica.
La biodiversidad marina de Chile bajo amenazaEl informe advierte que los mamíferos marinos que realizan sus ciclos de vida y se desplazan en aguas chilenas se encuentran cada vez más amenazados por actividades antropogénicas, entre ellas la pesca industrial y artesanal, la expansión de la acuicultura intensiva -específicamente la salmonicultura- y el tráfico marítimo poco regulado, lo que pone en riesgo la conservación de sus poblaciones, especialmente de aquellas especies en peligro crítico de extinción.Entre las especies de mamíferos marinos amenazadas se encuentran los grandes cetáceos que enfrentan colisiones letales con embarcaciones de alta velocidad y gran tonelaje, aunado al creciente e intenso tráfico marítimo vinculado a la salmonicultura industrial, cuyas rutas se superponen a las rutas de reproducción, crianza, alimentación y migración de las diversas especies de ballenas. Otros impactos reportados están asociados a la contaminación acústica, enredos en redes de pesca y redes antiballeneras en los centros de cultivo.
Las denuncias también apuntan a la eliminación intencional de pequeños cetáceos en las zonas de cultivo marino, y de lobos marinos comunes que ingresan a las balsas-jaula para alimentarse oportunistamente de salmones.
Alarmante aumento de varamientos de cetáceos en ChileEl estudio señala que los datos entregados por Sernapesca son preocupantes. Entre 2009 y 2022 se reportaron 467 varamientos de cetáceos, entre ballenas, delfines, marsopas, orcas, cachalotes y calderones, que afectaron a un total de 1.160 individuos. En 2009 se registraron 11 varamientos, mientras que en 2022 la cifra aumentó a 67, es decir, hubo un aumento del 600% en los reportes de varamientos.Además, del total de 1.160 varamientos, 964 resultaron en muerte, lo que equivale al 83% del total de varamientos registrados.
En 2023, se reportaron un total de 114 varamientos de cetáceos, que afectaron a un total de 131 individuos, de los cuales 126 fueron reportados muertos, es decir, el 96% del total.Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación de Cetáceos (CCC) y miembro invitada del Comité Científico del Comité Ballenero Internacional (CBI), fue consultada sobre la gestión de las denuncias que realiza Sernapesca por casos de varamientos de cetáceos.
Según la investigadora, aun cuando hay evidencia de varamientos por interacciones con embarcaciones, Sernapesca no siempre informa estos hechos al Ministerio Público. Señaló como ejemplo el caso de una ballena varada en 2017, cuya cola fue cortada por la hélice de un barco, y ante este gravísimo hecho, el Servicio optó por no ingresar la denuncia, sin explicar los fundamentos de tal negativa.
Bárbara Galletti sostiene que Sernapesca está dotado de recursos económicos que le permiten cumplir con sus funciones de inspección marina.
Sin embargo, existe una inequidad en la distribución de estos recursos, ya que gran parte del dinero se utiliza para financiar programas que promueven el desarrollo industrial de la pesca y la acuicultura, mientras que los recursos destinados para cumplir con sus tareas de conservación marina son mínimos, lo que demuestra que los objetivos de protección y desarrollo sustentable siguen ocupando un lugar secundario en la agenda de Sernapesca.
La investigadora del estudio, Claudia Arancibia, señala que la investigación advierte un hecho de total gravedad en cuanto a la información entregada por algunos servicios públicos, que permiten constatar una actuación pasiva y negligente de su parte, respecto de la iniciativa y participación en procedimientos administrativos y judiciales que buscaban determinar la causa de muerte de cetáceos y sancionar a los responsables. Además, es evidente que Chile necesita con urgencia mejorar los programas de respuesta a los eventos de varamiento de cetáceos.
No contar con estos programas efectivos priva de la adquisición de conocimiento científico para comprender su origen, siendo este último clave para abordar de manera efectiva dichos eventos, ya sea para el salvamento oportuno de los individuos varados, o para establecer concretamente su causa de muerte.
Informes sobre matanza de leones marinos quedan impunesPese a las numerosas denuncias que se han presentado ante dependencias gubernamentales por eliminación intencional de ejemplares de lobo marino, ocurrida al interior de centros de cultivo de salmón, a la fecha solo existe una condena con multa contra dos trabajadores de la empresa Salmones Yadrán, por la muerte de un ejemplar de lobo marino común en 2018.A través de la presentación de denuncias posteriores, se corrobora que estas situaciones continúan ocurriendo, demostrándose el nulo efecto disuasivo del actual régimen sancionador penal para la protección de los mamíferos marinos.
El Centro Ecoceanos presentó en 2019 una denuncia documentada con material fotográfico ante el Bidema por eliminaciones intencionales de ejemplares de lobo marino común en el centro de cultivo Nova Austral, ubicado en la isla Capitán Aracena, región de Magallanes y Antártica Chilena.
El informe elaborado por Claudia Arancibia señala que el Bidema fue consultado sobre el estado actual de esta denuncia, a lo que se negó a entregar antecedentes porque el caso sigue en investigación luego de cinco años.Por estos mismos hechos, Ecoceanos presentó en 2021 una denuncia ante la SMA de la Región de Magallanes. Consultada la SMA sobre el avance de esta denuncia, informó que aún se encuentra en investigación por parte de la Oficina Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo Informe de Fiscalización Ambiental se encuentra en elaboración y a la fecha no se han tomado medidas.
Al respecto, el director del Centro Ecoceanos, médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, señaló que considerando las crecientes interacciones letales entre mamíferos marinos y actividades pesqueras industriales y artesanales, sumado a la expansión territorial de la salmonicultura, que incluye parques nacionales y áreas marinas protegidas, esta investigación demuestra que no existe voluntad oficial y política en los organismos del Estado chileno para transparentar esta realidad oculta, que está atentando contra la supervivencia de especies tan amenazadas en su supervivencia, como las ballenas y los delfines, esta investigación demuestra que no existe voluntad oficial y política en los organismos del Estado chileno para transparentar esta realidad oculta, que está atentando contra la supervivencia de especies tan amenazadas en su supervivencia, como las ballenas y los delfines, Celeste Jiménez, abogada penalista, defensora de los derechos de los animales y presidenta de la organización AnimaNaturalis, señala que el Ministerio Público Nacional no cuenta con una instrucción que regule las acciones y procedimientos investigativos por el delito de maltrato animal. Lamenta que no exista un mecanismo legal para sancionar a aquellos funcionarios que no cumplen con la obligación de iniciar y realizar investigaciones, especialmente en casos que afectan a especies altamente vulnerables y protegidas internacionalmente, cuya conservación es de gran interés público.
Retención de informaciónLa investigación del Centro Ecoceanos muestra falta de transparencia pública en la provisión de información y ocultamiento de hechos graves por parte de organismos del Estado que atentan contra la conservación de los mamíferos marinos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la respuesta brindada por Sernapesca respecto de las denuncias presentadas por los delitos de maltrato animal (artículo 291 bis del Código Penal) y caza, captura y matanza de cetáceos establecidos en el artículo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).
El servicio brindó información sobre solo 13 denuncias, lo que no es congruente con las denuncias presentadas por la ciudadanía y presentadas por el servicio por casos de maltrato y eliminación intencional de lobos marinos vinculados a la industria salmonera.Esta omisión demuestra una grave negación de acceso a la información pública, que apunta no sólo al ocultamiento de estos hechos, sino también al encubrimiento de las empresas involucradas, y al intento de minimizar el grave problema de las interacciones letales entre mamíferos marinos y actividades económicas en el mar.
A ello se suma la insuficiente información de fondo aportada por la SMA, la total falta de transparencia y oportunidad de la Bidema para brindar información pública, y la negación de información por parte de la Fiscalía General de la Nación.Además de lo anterior, el informe demuestra una falta de coordinación de los servicios públicos y de capacitación/calificación de sus funcionarios para atender denuncias sobre interacciones letales, remociones intencionales de mamíferos marinos y la realización de investigaciones sobre varamientos de cetáceos.El informe detalla también graves deficiencias regulatorias, que obstaculizan los procesos judiciales y la aplicación de procedimientos sancionadores con efecto disuasorio sobre los responsables, por lo que muchas de las disposiciones legales vigentes se convierten en letra muerta.
Según la investigación de Ecoceanos, la institucionalidad nacional en materia de pesca y acuicultura sigue siendo reactiva y no preventiva, violando el principio de precaución que rige la normativa que regula este sector. Esto debido a que, a pesar de la escasez de evidencia científica para identificar las causas de los varamientos de cetáceos, no se ha detenido el establecimiento y expansión de las industrias de cultivo, pesca y tráfico marítimo de salmones en sitios que constituyen el hábitat y zonas de movimiento de mamíferos marinos.El estudio concluye con la presentación de una serie de propuestas que abarcan los aspectos legales, técnicos y operativos que rigen la institucionalidad pesquera y acuícola, priorizando los objetivos y funciones de conservación marina encomendados a cada servicio público competente.
Fuente: patagonjournal.com