El Gobierno Nacional insiste en impulsar la reforma laboral. Una de las prioridades centrales para Javier Milei y del sector empresario, es la modificacón del sistema de pago de las indemnizaciones por despido, que a su ves significa el principal foco de conflicto con la CGT.
El Gobierno busca avanzar sobre aspectos clave del empleo formal con la puesta en marcha de un «fondo de cese laboral» un mecanismo destinado a reemplazar las indemnizaciones por despido establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 (La LCT, en su artículo 245, establece la base para el cálculo de la indemnización, que se calcula tomando un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses) en aquellos casos en los que no haya acuerdo entre empleador y empleado.
En los últimos días, la Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió un proceso de consulta pública con el objetivo de definir el funcionamiento de los futuros fondos de cese laboral. Esta instancia busca establecer la reglamentación de los nuevos instrumentos conocidos como «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral».
La iniciativa representa un paso clave hacia la puesta en marcha del Sistema de Cese Laboral contemplado en el Decreto N.º 847/2024, que propone reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones por despido establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
Este modelo con nombre grandielocuente, se aplicaría a los trabajadores que hayan sido incorporados después de la aprobación de la reforma laboral en julio del año pasado. Para su diseño, se tomó como referencia el régimen vigente en la industria de la construcción, donde el empleador aporta un porcentaje mensual del salario bruto: 12% durante el primer año de contrato y 8% a partir del segundo.
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A su vez admite que el trabajador realice contribuciones voluntarias al igual que establecia la creación de las AFJP y que con el correr del tiempo se entendió que con magros salarios, ningùn trabajador podría hacer aportes especiales.
La implementación del Sistema de Cese se acordará mediante los Convenios Colectivos de Trabajo y su gestión estará a cargo de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (estilo a las ex AFJP) o Fideicomisos Financieros. Es probable que, de abanzar en la propuesta del Gobierno, sean los propios gremios quienes creen los «Fidelcomisos» o «Fondos de Inversón» con sus propias estructuras o asociados a bancos.
El texto oficial aclara que la suscripción de las cuotapartes provendrá exclusivamente de los aportes realizados por empleadores y/o trabajadores. Además, se impondrán límites a la concentración de inversiones por sector productivo —no podrán superar el 30% del patrimonio total del fondo— y estará prohibida la inversión en activos emitidos por las mismas empresas que realizan los aportes (no impide que las inversiones se realicen en bonos del Estado Nacional, Provincial o Municipal).
Mas alla de la «venta publicitaria» que realicen los Bancos – uno de los principales destinatarios de los deposìtos – o el propio estado o empresas – principales interesados de ser liberados del actual sistema de «Indemnizaciones por despidos» – lo cierto es que la experiencia de las AFJP con un sistema similar fué un fracaso que obligo al Gobierno Nacional, en diciembre de 2008, a rescatar a los trabajadores que habían quedado atrapados, seducidos por una propagan oficial.