El Servicio Nacional de Sanidad Animal es el organismo que se ocupa de los controles sanitarios en la producción agrícola y cárnica y si se concretan los despidos masivos como en otras dependencias, su debilitamiento derivará en el cierre de los principales mercados internacionales.
El Senasa es uno de los engranajes de un complejo sistema sanitario mundial y su certificación local es requisito para lograr la internacional. A su vez, es auditado periódicamente y si las inspecciones no aprueban los estándares los mercados caen automáticamente.
De esta manera, Argentina podría arriesgar las exportaciones granarias y cárnicas, y sus productos derivados como aceites, harinas, de la industria láctea y las carnes si se eliminan los controles básicos perdiendo exportaciones a los Estados Unidos, China, Brasil, Chile, Rusia, Méjico y el sudeste asiático, entre otros destinos comerciales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que «un ajuste a través de una planilla donde no se tenga en cuenta los estamentos que se afecta, como está sucediendo, puede traer consecuencias muy severas«.
Es que el SENASA y sus áreas como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria nuclea a profesionales que se han formado, por años, en la fiscalización para garantizar los niveles bromatológicos adecuados.
La importancia del organismo es tal, que durante el macrismo se aprobó por unanimidad la Ley 27.233 que declaró de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades, según explica la norma.
Cualquier cimbronazo en alguna de estas cadenas productivas tienen consecuencias brutales en la población y la producción.
Tal es la preocupación que el tema generó una extraña coincidencia entre los gremios estatales y los representantes de los sectores más concentrados de la agroindustria como la Mesa de Enlace y CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina que manifestaron públicamente las inquietudes.
Lo mismo está ocurriendo con otros organismos técnicos dependientes del Estado y que no pueden ser reemplazados por la actividad privada. Casos similares son el INTA, el INTI y el INIDEP.