La controvertida iniciativa oficial busca satisfacer requerimientos del sector empresario con el pretexto de reducir costos en el comercio exterior, aunque llueven las críticas y se cuestiona la responsabilidad técnica de la medida.
El proyecto genera máxima preocupación en la Armada y la Prefectura sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
La medida, impulsada por Federico Sturzenegger establece un cambio central radica en el esquema tarifario dado que propone limitar la intervención estatal en la fijación de precios y avanzar hacia una apertura brutal que le de luz verde a los buques extranjeros prácticamente sin supervisión.
Fuentes del practicaje del Río Paraná se preguntaron «¿Qué va pasar cuando varen o choquen y se produzcan derrames de hidrocarburos. Cuando queden obstruidas las vías de navegación por accidentes. Sturzenegger se hará cargo?«.
La nueva normativa introduce libre contratación, elimina límites en el sector y modifica reglas clave del servicio en ríos y puertos argentinos. El Gobierno nacional oficializó un cambio estructural en el sistema de practicaje y pilotaje a través de un decreto que redefine el funcionamiento de uno de los servicios más sensibles para la navegación y el comercio exterior.
Registro sin límites y tarifas libres. Uno de los puntos centrales del decreto está en el artículo 2, donde se establece que la Prefectura Naval Argentina deberá llevar un registro abierto de prácticos, sin límite de cantidad, incorporando a todo profesional que cumpla con los requisitos de idoneidad.
En línea con esta apertura, el artículo 5 dispone que los honorarios por los servicios de practicaje y pilotaje serán acordados libremente entre las partes, aunque el Estado se reserva la posibilidad de fijar tarifas máximas.
El artículo 3 introduce un cambio clave al permitir la libre contratación de los medios de traslado de los prácticos, ya sean terrestres, marítimos o aéreos, además, de establecer que el práctico no podrá negarse a utilizar los medios provistos por el usuario ni condicionar su servicio a la contratación de prestaciones adicionales.
MENOS EXIGENCIA PARA LOS BUQUES
Uno de los cambios más sensibles se encuentra en los artículos 8 y 9, que amplían las condiciones para que buques —incluidos los de bandera extranjera— puedan prescindir de baqueanos. La exención será posible si el capitán acredita conocimiento de la zona o cumple con requisitos de titulación, además de dominar el idioma inglés en caso de no ser hispanohablante.
El decreto también avanza sobre el sistema de transporte de prácticos. En los artículos 12 y 13 se habilita a embarcaciones comerciales, aunque no estén específicamente destinadas a esa tarea, a prestar el servicio si cumplen con los requisitos de seguridad.De esta manera, se amplía la oferta y se eliminan barreras de entrada que, según el Gobierno, encarecían la operatoria.
DESTRUCCIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entre los artículos 15 y 17, la normativa introduce cambios en el sistema de formación del personal embarcado, otorgando a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la supervisión del sistema, mientras que la Prefectura será responsable de su ejecución. Además, se establece un plazo de 365 días para transferir funciones desde la Armada Argentina hacia la Prefectura, incluyendo los procesos de titulación.
El artículo 21 prevé que, en situaciones excepcionales, la Prefectura pueda habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona para prestar servicios de practicaje.Finalmente, el decreto deroga normas históricas como el Decreto 2694/91 (artículos 22 y 23), marcando un quiebre con el sistema vigente hasta ahora.
La reforma representa una transformación profunda en el funcionamiento del practicaje y pilotaje en la Argentina. Mientras el Gobierno sostiene que permitirá reducir costos y agilizar la logística, el impacto sobre un sector estratégico anticipa un escenario de debate, centrado especialmente en la seguridad de la navegación que recién comienza.
Fuentes consultadas del sector gremial aseguraron que será «un desastre» si se aplica la norma. La alternativa será lograr que la legislatura nacional, bloquee y rechace el DNU, lo que a la vista resulta difícil por su conformación.