Mientras incorpora puertos de la provincia de Entre Ríos – donde gobierna un «amigo», a la Licitación de la Vía Navegable Troncal, y le gira fondos por 22 mil millones a un gobernador aliado, a los que no comulgan con la LLA, y no acompañan sus leyes en el congreso nacional, los atacan por todos los flancos, Tierra del Fuego es el ejemplo palmario de lo que explicamos.
En las últimas horas del 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, conducido por el libertario Iñaki Arreseigor, dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, en una clara maniobra política para esmerilar al gobernador fueguino, Gustavo Melella.
La disposición de intervención se dá justo el mismo día en que se anunciaba, en la capital de provincia, el récord histórico con la atención simultánea y escalonada de cruceros de gran porte y buques dedicados al turismo antártico, evidenciando su capacidad operativa dentro del circuito marítimo internacional.
Ushuaia, atendió en un solo fin de semana 16 cruceros internacionales con turismo de distintas partes del mundo, que en esta época del año suelen visitar la zona mas austral de la Argentina.
En ese marco, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia luego de relevar, en los últimos días de octubre, un supuesto incumplimiento en el manejo de recursos y una falta sostenida de inversión en infraestructura considerada sensible para la operación.
La decisión se apoyó en un informe técnico, realizado intespectivamente por la ANPyN, y generado a través de la denuncia de un empleado portuario (Juan Avellaneda) que, según el organismo, exponen riesgos para la continuidad del servicio y para la seguridad en áreas de trabajo, noticia de la que ya informemaritimo.com, había dado cuenta en octubre pasado.
El organismo nacional remarcó que el Puerto de Ushuaia concentra movimientos vinculados a cargas y pasajeros y también cumple un papel directo en la logística antártica. En ese marco, advirtió que la falta de inversiones y la demora de obras obligan a una regularización inmediata para sostener estándares de seguridad y operación, sin interrumpir el servicio.
Las atribuciones nacionales tienen su origen cuando se transfirió la administración del puerto a Tierra del Fuego con una condición concreta: los ingresos portuarios deben destinarse exclusivamente a gastos operativos e inversiones dentro del propio ámbito portuario. Para la ANPyN, ese punto resulta determinante para evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Como antecedente central, el organismo señaló la Ley provincial N.º 1.596, sancionada en julio de 2025, que habilitó el uso del superávit de la Dirección Provincial de Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La ANPyN sostuvo que esa habilitación entra en contradicción con el acuerdo originario.
La intervención se fijó por 12 meses, con posibilidad de prórroga. El objetivo declarado apunta a regularizar infraestructura, sostener condiciones de seguridad operativa y garantizar la continuidad del servicio, con una conducción administrativa bajo la órbita nacional mientras se ejecutan medidas correctivas.
La resolución también incluye una definición sobre el personal del puerto: la ANPYN indicó que la intervención se implementa sin afectar las relaciones laborales. El planteo apunta a concentrar la medida en el plano administrativo y operativo, sin cambios sobre los vínculos de empleo en el ámbito portuario.
En su argumentación, el organismo nacional, subrayó el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia por su proyección comercial, su conexión bioceánica y su rol para las operaciones hacia la Antártida. En esa línea, sostuvo que la intervención busca evitar medidas más severas y proteger su condición comercial, mientras se encauzan inversiones y tareas pendientes, lo que a todas luces no es verdad. Ushuaia ha demostrado a traves de los años su eficiencia administrativa y operativa y lo está demostrando hoy con la atención de 16 embarcaciones en un solo fin de semana.
Los Puertos de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, son los tres puertos de cruceros mas importantes del país, el ataque del gobierno de Javier Milei sobre los gobernadores «enemigos», es el verdadero motivo por el cual se esta poniendo en riesgo la seguridad operativa y administrativa el puerto fueguino.
Si realmente el motivo que desencadenó esta lluvia de misiles políticos sobre Melella, fuera la «Ley provincial N.º 1.596″, bastaba con una simple intimación a la devolución de los recursos sin necesidad de una intervención. Si el motivo fuera las «deficiencias estructurale» podría haberse exigido la inversión de ese superávit utilizado en las correcciones necesarias. Es evidente que la intervención dispuesta por Iñaki Arreseigor, surgida pocas semanas después de su visita a Tierra Fueguina, reunirse con opositores al gobierno provincial y con integrantes del gremio al que pertenece Juan Avellaneda – el denunciante – esconde un motivo estrictamente político tratando de presionar del Gobernador de la provincia mas austral de nuestro país.