Por Laura Colombo – Desde 1999 la Ley N°3308 protege al Golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos y prohíbe proyectos petroleros. Esa ley fue el fruto del trabajo de la comunidad local y organizaciones como la Multisectorial Golfo San Matías por proteger su patrimonio natural. Pero fue modificada a espaldas de la sociedad a favor del avance petrolero
La Legislatura de Río Negro modificó a puertas cerradas la Ley N°3308 que protegía al Golfo de las actividades petroleras para habilitar la instalación de un puerto petrolero en las playas de Punta Colorada.
Esta Ley provincial está vigente hace 23 años y es el fruto del trabajo de la comunidad local y organizaciones por proteger su patrimonio natural, el Golfo San Matías y también las actividades de las cuales dependen, con lo cual la conservación del ambiente es primordial. El Artículo 1º de la Ley 3308 sostenía la prohibición de la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que los transporten en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrinos.
Así la Legislatura da luz verde al avance petrolero. YPF anunció la construcción de un oleoducto que atravesaría la meseta patagónica de Río Negro y terminaría en un puerto petrolero a construirse en Punta Colorada, localidad ubicada en el sur de la provincia, sobre la costas del Golfo San Matías, 8 km al sur del Parque Nacional “Islote Lobos” y 8 km al norte del Área Natural Protegida “Puerto Lobos”.
Porque el golfo San Matías es una zona de relevancia para la fauna icónica de nuestro Mar Argentino, siendo zona de reproducción de especies como la Ballena Franca Austral y el Pingüino Magallánico.
-La colonia reproductiva más septentrional del Pingüino de Magallanes, una de las especies marinas más vulnerables frente a potenciales derrames de petróleo, está ubicada en la zona del Parque Nacional “Islote Lobos”, a 8 kilómetros de Punta Colorada.
-La ballena Franca Austral, cuya población fue diezmada por la caza hasta la década del 70, se está recuperando lentamente y ha comenzado a repoblar áreas marinas como el Golfo San Matías, una zona prioritaria para su reproducción en la actualidad. El tráfico de buques petroleros aumentaría el riesgo de colisión con estos cetáceos.
Además, la actividad petrolera pondría en riesgo las principales actividades económicas de las comunidades locales son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina.
Esta modificación pone en riesgo no solo al golfo San Matías, sino también al Patrimonio de la Humanidad Península Valdés. Las aguas del Golfo San José dependen del intercambio de aguas con el Golfo San Matías. Es decir que un potencial derrame mayor y la certeza de los microderrames implican impactos permanentes y condenan a las especies y comunidades de la protegida Península Valdés.
Sin duda esta modificación es un atropello a los derechos constitucionales de la ciudadanía, como el derecho a un ambiente sano.
Pero también es altamente regresivo, arrebatándole a la ciudadanía una victoria de la expresión popular por sobre el lobby petrolero y dejando a la protección del ambiente marino sin efecto.
También es una flagrante violación del Acuerdo de Escazú, aprobado por Ley 27.566, que impone la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de cuestiones ambientales y declara que no puede haber retrocesos en los niveles de protección ambiental alcanzados.
Además de los evidentes impactos que tendría en los ecosistemas marinos y en las comunidades costeras, este proyecto también implica una ampliación de la infraestructura de la industria petrolera, algo que de cara a la crisis ecológica y climática global que estamos viviendo es un contrasentido.
Continuar invirtiendo en hidrocarburos no hace más que profundizar la emergencia climática que el mundo atraviesa y vulnerar gravemente el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano.
En un contexto de cambio climático, no se deberían abrir nuevas fronteras hidrocarburíferas, si no que se debería reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y ampliar la protección de los ecosistemas fundamentales del Mar Argentino.
Además la modificación de la ley es inconstitucional y viola acuerdos internacionales en materia ambiental.
Por Laura Colombo – Coordinadora de Movilización Pública de Greenpeace Andino y responsable de la gestión online de campañas. Para Greenpeace