El Gobierno nacional evalúa reabrir el Congreso desde el 2 de febrero para avanzar con la reforma laboral y la ley de glaciares. La Senadora Patricia Bullrich había anunciado que su tratamiento se realizaría en Marzo.
El Gobierno nacional analiza volver a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del lunes 2 de febrero, con el objetivo de retomar proyectos clave que quedaron pendientes tras el cierre del período vigente, que se extendió del 10 al 30 de diciembre.
Según confirmaron fuentes legislativas, enero quedará descartado para la actividad parlamentaria, por lo que cualquier avance dependerá de un nuevo decreto presidencial que oficialice la convocatoria en la última semana del mes.
Entre las iniciativas que el Poder Ejecutivo busca reactivar se destacan la reforma laboral y el proyecto vinculado a la Ley de Glaciares, ambos incluidos en el temario anterior pero sin avances concretos antes del receso.
La denominada “modernización laboral” es una de las apuestas centrales del presidente Javier Milei, quien la considera una herramienta clave para incentivar el empleo privado y reducir la informalidad. Sin embargo, el oficialismo decidió postergar su tratamiento en diciembre ante la falta de consensos suficientes.
La reforma laboral ya cuenta con dictamen, pero no llegó al recinto porque el Gobierno priorizó la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, orientada a promover el uso de dólares no declarados.
En la Casa Rosada no descartan introducir modificaciones al texto para lograr los votos necesarios. “Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, señalan desde el entorno presidencial.
La iniciativa enfrenta resistencias de sectores sindicales y de bloques opositores, aunque el Ejecutivo mantiene la postura de no convocar por ahora a la CGT y le baja el tono a la posibilidad de un paro general en el corto plazo.
De cara a febrero, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque libertario en el Senado, intensifique las negociaciones para reunir apoyos. La estrategia del gobierno apunta a acelerar las negociaciones durante enero con legisladores y gobernadores aliados para llegar al Congreso con acuerdos macro ya cerrados.
Desde el Ejecutivo reconocen que los cambios tributarios incluidos en la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI, equivalente a unos US$ 3.500 millones anuales, según proyecciones privadas.