Los Estados Miembros de la OMI, incluidos los de América Latina, se reunirán del 14 al 17 de octubre en Londres para la reunión MEPC ES.2, donde se adoptará formalmente el Marco Net Zero. Posteriormente, se celebrará la sesión ISWG-GHG-20 del 20 al 24 de octubre.
Estas negociaciones son una oportunidad crucial para que los países latinoamericanos definan una implementación eficaz y estratégica del Marco, donde puedan aprovechar las oportunidades que da este acuerdo y lograr así potenciar la transición a energías renovables y la descarbonización del transporte marítimo.
En abril de 2025, los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la cual Chile es miembro, adoptaron un avance decisivo: el Marco Net Zero. Este es un mecanismo jurídicamente vinculante que impone un precio a las emisiones del transporte marítimo internacional y obliga a los buques a reducir progresivamente su intensidad de carbono, con sanciones por incumplimiento.
Este acuerdo, que se espera entre en vigor en 2027 tras la ratificación formal en la reunión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC/ES.2) de la OMI en octubre, representa una transformación estructural del transporte marítimo global. Esta actividad es responsable de generar casi diez veces más emisiones que Chile anualmente.
Chile ya ha manifestado su interés en alinearse con la estrategia de emisiones de la OMI. Según un artículo de Mundomaritimo, el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, ha señalado el compromiso del país con la transición energética del sector marítimo al 2050, en línea con los objetivos de la OMI.
Organismos nacionales como H2Chile han abordado el nuevo marco: en su análisis destacan que el acuerdo podría tener implicancias directas para los proyectos de hidrógeno verde, uno de los vectores centrales de la política energética chilena.
Chile podría convertirse al menos en el tercer mayor exportador mundial de e-combustibles de hidrógeno verde, siendo el transporte marítimo un importante comprador generando empleo y crecimiento en el proceso.
Como alternativa, el sector podría verse obligado a estancarse en soluciones que no se ajustan a la realidad del país, como son los biocombustibles para alimentos y piensos. Si Chile destina sus esfuerzos a estos combustibles vería un freno al crecimiento de las energías verdes y pondría en riesgo las inversiones actuales y futuras en energías renovables.
Los biocombustibles, además de no ser la principal alternativa a desarrollar en el país, debido a que la matriz productiva se encuentra mejor preparada para la producción de hidrógeno verde, tienen otros impactos ambientales y sociales como son la modificación de los usos del suelo, el aumento en el uso de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas y el aumento de los precios debido a que granos que antes se destinaban al consumo alimentario ahora serían utilizados para producir biocombustibles.
Estudios muestran enormes oportunidades económicas en la región latinoamericana en la transición del transporte marítimo a los e-combustibles, así como innumerables beneficios ambientales y para la salud del transporte marítimo limpio. En el caso específico de Chile, el país podría recibir una entrada financiera de 90 000 millones de dólares si sus buques cambiarán a e-combustibles producidos con fuentes renovables.
Fuente: economia.com