La Justicia laboral le asestó un duro golpe al Gobierno nacional al suspender la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral aprobada y promulgada a comienzos de marzo. La medida fue dictada tras una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos centrales de la norma.
El fallo fue firmado por el juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda, quien consideró que existen fundamentos suficientes para avanzar en una acción declarativa de inconstitucionalidad y dispuso frenar provisoriamente buena parte de la ley 27.802.
El magistrado sostuvo que la aplicación inmediata de la norma podría generar “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, uno de los requisitos clave para dictar una medida cautelar.
Ojeda, remarcó el “peligro en la demora”, al advertir que permitir la implementación de los cambios podría derivar en situaciones jurídicas irreversibles o en una multiplicación de conflictos judiciales.
En ese sentido, afirmó que la suspensión provisoria permitirá evitar efectos “muy gravosos e irreversibles” mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La resolución fue firmada este 30 de marzo en el expediente iniciado por la CGT contra el Estado nacional. En ese marco, el juzgado dispuso “hacer lugar a la medida cautelar innovativa” presentada por la organización sindical y suspender la aplicación de los artículos cuestionados de la ley 27.802, además de ordenar su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos y notificar a las partes.
La medida cautelar alcanza a disposiciones que modificaban aspectos centrales del sistema laboral argentino, incluyendo:
- Derechos de sindicalización
- Negociación colectiva
- Derecho a huelga
- Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo
- Normas sobre asociaciones sindicales y convenios colectivos
La resolución tiene carácter provisional y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.
La CGT ya había advertido que estas modificaciones significaban retrocesos en derechos laborales y podían afectar principios constitucionales como la progresividad y la protección del trabajo.
El nuevo fallo se produce en un contexto de disputa más amplia en torno a la reforma laboral. Días atrás, la CGT había recibido un revés en otro expediente vinculado a un aspecto específico de la ley, cuando un juez del fuero contencioso administrativo rechazó una cautelar que buscaba frenar artículos relacionados con el traspaso de competencias de la Justicia laboral hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese antecedente había dejado abierta la discusión judicial sobre distintos capítulos de la norma. En paralelo, la central obrera mantiene activa su estrategia legal en el fuero laboral, donde presentó un planteo más acotado centrado en artículos que, según su postura, impactan sobre derechos colectivos, la negociación sindical y el ejercicio de la huelga.