Mientras la intervención impuesta por la ANPyN, anunciaba inversiones en materia de seguridad e infraestructura, la Legislatura fueguina enviaba al archivo la propuesta del Gobernador Pelella, para crear una Sociedad Anónima de gestión y administración para el puerto de Ushuaia.
El dato más fuerte, de la reunión del día viernes, fue el archivo del proyecto que proponía crear una sociedad anónima para la administración del puerto, actualmente intervenido.
La iniciativa, enviada días atrás, dentro de un paquete de leyes, buscaba replicar un esquema similar al de Terra Ignis en el ámbito portuario. Sin embargo, tras su giro a comisión, el cuerpo votó una moción para enviarla directamente a archivo, rechazando de plano la propuesta.
El rechazo a la propuesta del ejecutivo, que evidentemente carecía de consenso con los legisladores, fue un duro golpe a las aspiraciones del Gobernador para avanzar con la recuperación de la principal terminal portuaria fueguina.
El debate por la intervención del puerto de Ushuaia concentró el momento más intenso de la sesión y dejó al descubierto dos miradas contrapuestas sobre el rol del Estado y el alcance del federalismo.
En ese contexto, la legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) tomó un rol protagónico con una intervención extensa, técnica y políticamente incisiva. Lejos de una defensa genérica, construyó su argumentación sobre la base de inspecciones, informes y observaciones concretas.
“Lo que encontramos no es una situación normal. Hay deterioro, falta de mantenimiento, ausencia de controles y muchas preguntas sin respuesta sobre el uso de los recursos”, afirmó.
Para Gracianía, la intervención nacional no representa una pérdida de soberanía, sino una herramienta para recuperar un activo estratégico. “El puerto no se está entregando, se está intentando ordenar”, sostuvo, y agregó que los recursos generados continuarán dentro del propio sistema portuario.
Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue cuando planteó la posibilidad de que el deterioro de la infraestructura no haya sido únicamente producto de la desidia. “Es legítimo preguntarse si no se dejó caer el puerto para justificar otro modelo de gestión”, deslizó, generando reacciones inmediatas en el recinto.
Desde el oficialismo, el legislador Federico Greve rechazó con firmeza esa postura y calificó la intervención como “una medida arbitraria que avanza sobre la autonomía provincial”. En su exposición, el presidente de FORJA provincial sostuvo que “no se puede permitir que el Gobierno nacional intervenga un recurso estratégico sin respetar las instituciones locales”.
Por su parte, Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) introdujo un enfoque jurídico, al advertir que “la existencia de problemas en la gestión no habilita a vulnerar el orden constitucional”. En esa línea, planteó que cualquier corrección debía darse dentro del marco institucional vigente.
El legislador Federico Sciurano (FORJA) amplió la mirada al señalar que “lo que está en discusión no es sólo el puerto, sino el precedente que se genera para el manejo de los recursos provinciales”.
El cruce dejó en evidencia que el conflicto excede lo técnico y se inscribe en una disputa más profunda sobre poder, control y federalismo.
El Legislador Damián ‘Loli’ Löffler pidió apartarse del reglamento para que “el proyecto de ley creando la sociedad portuaria de la provincia, sea remitido a archivo”.
La moción quedó aprobada por 8 votos.
LA INTERVENCIÓN ANUNCIO OBRAS:
En paralelo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a cargo de la intervención, anunciaba la incorporaron sistemas de videovigilancia en áreas operativas, ampliando la cobertura y eliminando puntos sin control en sectores claves del puerto, al mismo tiempo que .se implementaron protocolos para ordenar el tránsito interno, con foco en la circulación de transporte pesado y pasajeros.
Desde la ANPyN adelantaron que prevé el llamado a licitación para el recambio del sistema de defensas del muelle. La obra contempla el retiro de las estructuras actuales, la instalación de nuevas defensas y su calibración, además de reparaciones en el frente de atraque.
Según se informó en una gacetilla oficial, el plazo estimado de ejecución sería de nueve meses. El plan de obras incluye además intervenciones sobre la red eléctrica y el sistema de provisión de agua potable, junto con trabajos de refuerzo estructural y recuperación de sectores operativos del muelle. Asimismo aseguraron que las obras serán financiadas con recursos propios.
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE FINANCIAMIENTO A LA OSEF:
El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone derogar el artículo 12 de la Ley Provincial N° 1596, una norma que había quedado en el centro de la crisis institucional que atravesó el sistema portuario fueguino.
El texto establece que “Deróguese el artículo 12 de la Ley Provincial N° 1596”, disposición que había creado el “Fondo Específico para el Pago de Deuda de la Obra Social”. Ese fondo se integraba, entre otras fuentes, con el superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, lo que generó cuestionamientos sobre el destino de esos recursos.
Según el mensaje del Ejecutivo, la decisión responde a “diversos planteos realizados desde la Dirección Provincial de Puertos” y se presenta como “una herramienta de gestión”. Sin embargo. el proyecto se presenta en un contexto estrictamente político, en momentos en que la legislatura le acaba de rechaza la propuesta de creación de una S.A. para la actividad portuaria en la provincia.
El artículo 12 de la Ley 1596 fue uno de los puntos más discutidos durante el último año, en medio de la crisis financiera de OSEF. La norma habilitó que recursos generados por el sistema portuario pudieran destinarse a cubrir deuda de la obra social, lo que derivó en denuncias de trabajadores y actores del sector portuario.
Esos planteos cuestionaron que se afectaran fondos con destino específico del puerto, lo que, según los reclamos,incumplia con la Ley de Reforma del Estado y las Actas de Transferencia oportunamente firmadas con la Nación.
Esta medida le dió el motivo central a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para disponer la intervención del Puerto de Ushuaia por un plazo de doce meses, tras «detectar irregularidades en el uso de recursos y deficiencias en la infraestructura y seguridad«.
De esta manera, el gobierno provincial, intenta desarticular uno de los elementos centrales, que formaron parte del conflicto que terminó con la intervención del Puerto de Ushuaia.
La sesión fue presidida por la vicegobernadora Mónica Urquiza y sesionaron los 15 legisladores. Por FORJA Federico Jorge Greve, Federico Sciurano y Myriam Noemí Martínez; por el Partido Justicialista Juan Carlos Pino, Virgilio Tomás García y Victoria Vuoto; por Somos Fueguinos Raúl Von Der Thusen y Jorge Andrés Lechman; por La Libertad Avanza Natalia Graciania y Luciano Selzer; por el Movimiento Popular Fueguino (MOPOF) Pablo Gustavo Villegas y Damián Löffler; por el Partido Verde María Laura Colazo; representando a Provincia Grande Matías Lapadula y del Bloque Sumemos Tolhuin Gisela Dos Santos.
Fuente: Medios Fueguinos