A dos semanas de la apertura de ofertas, el gobierno nacional exhibió este jueves un contundente signo de fortaleza: las principales cámaras empresarias que reúnen a los usuarios de la hidrovía se reunieron con los funcionarios para apoyar el proceso de licitación en curso de la vía navegable.
En la reunión validaron la última convocatoria para formar un consejo de seguimiento de la futura concesión, incluyendo el apoyo del Sindicato de Dragado y Balizamiento que conduce Juan Carlos Schmid.
El domingo pasado, Iñaky Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, convocó a empresarios y provincias ribereñas, (no participó Buenos Aires) a una reunión para avanzar en la conformación de un Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal.
Si bien Arreseygor se mostró reticente a dar precisiones sobre el ente de control, para «respetar la institucionalidad» aseguró, que por los recursos y las atribuciones de control «tendría todas las atribuciones propias de un organismo de control bien robusto».
La convocatoria que se preveía para una ves abiertos los sobre, se aceleró sorpresivamente, a punto de ser convocada un día domingo.
Algunos sospechan que ese apuro respondió a que ese mismo día Arreseygor tomo conocimiento de la inminente presentación de una medida cautelar que presentaría la Fundación Cauce contra el pliego de licitación.
De hecho, la misma fue presentada el día lunes por la Dra. Valeria Enderle, que inmediatamente brindó detalles del pedio de «no innovar para suspender el proceso de concesión de la Hidrovía ante el riesgo que puede implicar para el ambiente«.
En declaraciones a medios periodísticos, Enderle, confirmó que ese dìa “presentamos esta medida cautelar en el marco de un amparo que iniciaron en su momento algunas organizaciones de la Fundación Cauce en diciembre del año pasado, y nos pareció oportuno presentar esta medida porque, como todavía no está resuelto este amparo, el Estado de Nacional sigue con este proceso de construcción de la licitación, y hasta tanto no esté resuelto, nos parece que no es viable ni legal que se continúe con este proceso. Por esas razones le pedimos al juez que lo frene”.
El pedido concreto y de fondo radica en “se hagan las evaluaciones de impacto ambiental, acumulativo y estratégico que se necesitan, y una real participación ciudadana. Acá tampoco se ha hecho la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, que es un convenio internacional que está firmado por Argentina. Entonces, desde todo punto de vista, en este momento, el proceso de licitación es ilegal e inconstitucional, y eso es lo que estamos pretendiendo que el juez resuelva. Pero hasta tanto esto no esté resuelto, necesitamos frenar el proceso de licitación, que es lo que le pedimos en este momento al juez”.
Volviendo al encuentro la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportador de Cereales, la Cámara de Actividades Portuarias, la Unión Industrial Argentina (UIA), emitieron un comunicado donde consideran que “este paso es fundamental para garantizar la transparencia y la eficiencia del sistema logístico más importante del país”, y por eso “apoyamos la iniciativa y manifestamos nuestra voluntad de participar activamente en este espacio, aportando la visión técnica de quienes operan y utilizan la vía diariamente” demostrando la vinculación directa de los operadores rosarinos con el gobierno nacional.
A pesar de este apoyo expreso a la licitación, el juez deberá resolver lo solicitado por la fundación «que se detenga el proceso licitatorio hasta tanto el juez resuelva el amparo. Ese es el objeto de la medida cautelar. Y el objeto del amparo es que se hagan las evaluaciones y la participación ciudadana”, lo que demoraría drásticamente la iniciación de las obras con el nuevo concecionario.