El Gobierno de las Islas Malvinas abrió una deliberación de fondo sobre uno de los pilares más delicados del régimen de cuotas ITQ-B; la residencia efectiva de quienes conducen y controlan las compañías alcanzadas por ese esquema.
La discusión, presentada como una revisión técnica, expone una inquietud política y empresarial de mayor espesor ¿Quién ejerce, en los hechos, el comando del recurso? y ¿desde dónde se toman las decisiones?. De las decisiones depende el negocio de la flota gallega en aguas controladas por el Reino Unido en Malvinas.
El jueves 12 de marzo del corriente, ante el Comité de Pesca, se puso sobre la mesa un documento de debate que invita a revisar si la definición actual de “residencia habitual” de directores y accionistas de empresas con cuotas ITQ-B requiere una precisión adicional o incluso una reforma normativa. La sola apertura de ese expediente introduce una señal de alerta para estructuras societarias que dependen de esquemas de dirección más flexibles, entre ellas aquellas vinculadas a capitales externos o a joint ventures con fuerte despliegue operativo fuera del archipiélago.
La directora ejecutiva, Andrea Clausen, admitió que la guía vigente presenta dificultades en su aplicación concreta. Según expresó, el criterio existe y resulta razonablemente comprensible, aunque su cumplimiento práctico muestra zonas grises que obligan a un examen más minucioso. En ese marco, dejó planteada una posibilidad que elevó la temperatura del debate, si la orientación actual deja de alcanzar, el siguiente paso podría ser legislar.
Que es el Régimen ITQ-A y B?
El ITQ-B es un régimen de cuotas individuales transferibles de pesca en Islas Malvinas desarrollado por su gobierno, pero con una diferencia clave, la cuota queda atada a requisitos estrictos de control local, elegibilidad societaria y participación económica real en las islas.
En términos simples, no alcanza con tener una cuota. Para acceder al ITQ-B, la empresa debe estar inscripta en los registros oficiales correspondientes, y la explotación de esa cuota debe realizarse mediante una estructura empresaria aceptable para la autoridad pesquera. El esquema fue otorgado por 25 años