Ante el avance de flotas pesqueras extranjeras en el borde de la Zona Económica Exclusiva, Argentina recibirá drones y tecnología de vigilancia de Japón para reforzar el control marítimo y enfrentar la pesca ilegal, con foco en los buques de origen chino.
En un contexto de creciente presión sobre los recursos del Atlántico Sur, Argentina fue incluida en un programa de asistencia lanzado por Japón para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas sudamericanas. La iniciativa prevé la entrega de drones de vigilancia, equipamiento tecnológico y lanchas patrulleras, y también beneficiará a Ecuador, Perú y Uruguay.
El plan es financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, que destinará 300 millones de yenes (unos USD 1,9 millones), y se implementa a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El objetivo central es mejorar las capacidades de control de los países sudamericanos, que enfrentan grandes dificultades para monitorear flotas que operan con tecnología avanzada y, en muchos casos, al margen de la ley.
Consorcio de Gestión de Puerto Quequén
La preocupación principal gira en torno a flotas pesqueras chinas que navegan con los transpondedores GPS apagados en aguas internacionales cercanas a las zonas económicas exclusivas. Esta práctica complica el seguimiento de las embarcaciones y alimenta sospechas de pesca no declarada, actividades ilegales e incluso tareas de cartografía del fondo marino, un tema especialmente sensible para Argentina.
Los sistemas que aportará Japón permiten analizar imágenes captadas por drones para identificar matrícula, tamaño de la tripulación y rutas de navegación. Cuando los buques apagan el GPS, reconstruir sus trayectorias se vuelve extremadamente complejo, y ahí es donde la tecnología aérea pasa a ser una herramienta clave para los guardacostas.
demás de la pesca ilegal, investigadores argentinos denunciaron maniobras sospechosas de prospección del fondo marino por parte de buques chinos. Un caso emblemático es el del arrastrero Lu Qing Yuan Yu 205, que ya había sido detenido en 2016 por pescar dentro del Mar Argentino y que este año fue detectado realizando movimientos en cuadrícula compatibles con tareas de mapeo de la Plataforma Continental.
El problema no es solo ambiental o económico. También existen denuncias por abusos laborales y violaciones a los derechos humanos a bordo de barcos pesqueros ilegales, donde tripulantes -muchos provenientes del sudeste asiático- trabajan en condiciones extremas y sin controles adecuados.
Para Japón, el programa tiene además un trasfondo geopolítico. Las flotas chinas también operan de manera ilegal en zonas sensibles como el Banco Yamato, en el Mar de Japón, lo que explica el interés en fortalecer alianzas con países que enfrentan desafíos similares.
Para Argentina, la llegada de drones representa un respaldo concreto en la defensa de sus recursos estratégicos, en un escenario donde la vigilancia del mar se vuelve cada vez más clave para la soberanía.