En las últimas horas, la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén denunció una vez más que la empresa multinacional Terminal Quequén S.A. (TQSA), cuya concesión se encuentra vencida desde 2021, impulsó una autoconvocatoria del Directorio del Consorcio de Gestión, con el objetivo de designar un presidente interino y un gerente general afines a la compañía, sin el aval del Gobierno bonaerense.
Los movimientos generaron preocupación entre las organizaciones locales, ya que la ley establece que la designación de la presidencia es una potestad exclusiva del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y no de los directores portuarios.
De acuerdo con la denuncia que la Asamblea por la Soberanía hizo llegar a este medio, la autoconvocatoria se realizó en base a un reglamento interno del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén que, según la propia organización, no podría prevalecer sobre las normas vigentes que determinan el mecanismo legal para la conducción del organismo.
En la misma línea, la Asamblea advirtió que en el orden del día de la reunión los directores, afines a la multinacional TQSA, incluyeron como único punto operativo la resolución de la prórroga de la concesión, pese a que el Consorcio carece de presidente designado por el Ejecutivo bonaerense, lo que excede de manera significativa las facultades del Directorio y altera el procedimiento institucional previsto para este tipo de decisiones.
En tanto, la preocupación de los asambleístas se profundiza porque TQSA buscaría asegurar una extensión temporal de la concesión en el Puerto Quequén hasta después de las elecciones provinciales de 2027, con la expectativa de que un cambio de signo político favorezca sus intereses, o conseguir una nueva concesión por 35 años, algo que la organización considera perjudicial tanto para la provincia de Buenos Aires como para el control estatal del comercio exterior de granos.
En esta línea, la Asamblea sostuvo que las exportadoras multinacionales instaladas en la terminal, entre ellas Cargill, Dreyfus, Viterra y Glencore, actúan desde hace años con amplios beneficios económicos y fiscales y que esta situación se sostiene desde la privatización de las instalaciones que pertenecieron a la ex Junta Nacional de Granos, cuya infraestructura hoy continúa en el centro de la disputa por el control del puerto.
En ese marco, el comunicado difundido por la Asamblea incluye un nuevo pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que intervenga el Consorcio de Gestión, designe un presidente que represente al Ejecutivo provincial e impulse un proceso orientado a recuperar para el Estado el manejo del comercio exterior de granos que sale por la terminal más grande de Puerto Quequén.
En su planteo, la Asamblea advierte que la maniobra promovida por TQSA no solo compromete el funcionamiento institucional del Consorcio de Gestión, sino que también pone en juego el uso de un activo estratégico para la provincia de Buenos Aires, ya que por esa terminal se exporta alrededor del 40% de la mercadería que sale desde el Puerto Quequén, y se estima que este año podrían despacharse unas 3 millones de toneladas desde esas instalaciones.
En ese sentido, la organización que busca defender la soberanía del Puerto Quequén concluye que la situación exige una respuesta inmediata del Gobierno bonaerense y que la intervención del Consorcio sería una vía para evitar decisiones que se toman al margen de la legalidad vigente, y que podrían comprometer los recursos públicos y el futuro de la infraestructura portuaria provincial.
En declaraciones a Diputados Bonaerenses, el cofundador de la Asamblea por la Soberanía, Mario Dahul, recordó que el antecedente que encendió la alerta en el Puerto Quequén ocurrió en 2021, cuando el Consorcio de Gestión de Bahía Blanca, en ese entonces liderado por Federico Susbielles, prorrogó por 20 años la concesión de una terminal operada por Cargill, lo que generó inquietud en los portuarios locales, ya que en 2022 vencía la concesión de la terminal más grande de Quequén, operada por el mismo grupo de multinacionales.
Según Dahul, la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén se conformó en diciembre de 2021 para advertir sobre la necesidad de que la provincia de Buenos Aires recupere la operación de la terminal, teniendo en cuenta que, desde la reforma constitucional de 1994, las instalaciones portuarias pertenecen al Estado bonaerense, y que los consorcios fueron creados por ley nacional como organismos mixtos integrados por nueve miembros con representación del Ejecutivo, del municipio, de gremios y de sectores privados.
En ese sentido, Dahul sostuvo que la propuesta de la Asamblea por la Soberanía es que la provincia de Buenos Aires no solo gestione directamente la terminal del Puerto Quequén, sino que también asuma el comercio de las mercaderías que se exportan, dado que este año la operación de la planta podría generar ganancias netas de entre 250 y 270 millones de dólares, recursos que actualmente quedan en manos de las empresas concesionarias privadas, y que podrían pasar de manera directa al Estado bonaerense.
Por eso, el cofundador de la Asamblea por la Soberanía afirmó que la operatoria portuaria es perfectamente administrable por el Estado provincial, y señaló que las multinacionales que operan en Puerto Quequén gozan desde hace décadas de un esquema fiscal ventajoso, ya que no pagan IVA, ingresos brutos, ganancias ni retenciones, lo que configura un escenario desigual frente a los intereses provinciales, y limita la capacidad de recuperación económica del sector público.
La convocatoria, impulsada por el gerente de la empresa Daniel Arce y acompañada por el director de Coninagro Juan Ouwerkerk, y los representantes sindicales Mariano Carrillo y Gustavo Gavilán —dirigentes que por diversas circunstancias responden a Sergio Massa—, fue fijada para este jueves. Según trascendió, el orden del día incluye tres puntos altamente sensibles:
1. Nombramiento de un presidente provisorio del Consorcio, una facultad que la Ley Provincial de Actividades Portuarias reserva de manera exclusiva al gobernador.
2. Designación de un gerente general, para lo cual ya suena el nombre del exconcejal y excandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Pablo Aued, con un salario que superaría los 20 millones de pesos mensuales.
3. Tratamiento de una prórroga sin fecha de vencimiento de la concesión del Elevador Nº 4, un activo estratégico dentro del esquema exportador del puerto.
La maniobra se sustenta en una modificación reciente del reglamento interno del Consorcio, impulsada por los mismos directores que ahora buscan usarla como fundamento jurídico para avanzar sin la Provincia. Según fuentes portuarias, la intención es asegurar el control operativo y político del ente portuario en un momento clave para la exportación de granos y la renegociación de contratos.