La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal n.° 11, Secretaría n.° 21, el 4 de abril pasado y fue presentada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi contra la empresa Prodesur S. A., propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal dentro de la ZEE.
Los demandantes señalan que la captura de 175 toneladas de Merluza Negra fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino, y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” (en este caso, la comunidad argentina) por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.
El resarcimiento solicitado, es el equivalente al valor de lo extraído en el mercado internacional, más otra suma que se determinará a partir de un modelo de monetización de daños ambientales de uso internacional, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas en el futuro.
Asimismo requieren que estas indemnizaciones sean asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas y las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
La Merluza Negra se encuentra protegida por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante un régimen de cuotas individuales transferibles de capturas (CITC), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Y cuenta también con la protección internacional que exige que las embarcaciones cumplan con la cuota asignada para las capturas.
El informe presentado por el INIDEP expresó que entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el pesquero TAI AN capturó 175 toneladas de Merluza Negra, utilizando redes de arrastre de fondo a una profundidad promedio de 450 metros, dentro del Área de Protección de Juveniles de esa especie. Este arte de pesca está prohibido en el sector protegido y, según el INIDEP, la captura de juveniles superó ampliamente el límite permitido.
Finalmente la acción legal iniciada busca proteger un bien colectivo, de naturaleza común, y promover la conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero.