El cálculo de esta tasa se establece en función del valor de medio litro de gasoil por cada tonelada de mercadería exportada, considerando el movimiento de más de 7.770.000 toneladas registrado en Puerto Quequén durante el año 2024, lo que estaría generando una recaudación anual de más de 4.600 millones de pesos para el municipio.
Según destaca el portal Noticias de Necochea, las empresas intimadas a cumplir con esta obligación son Sitio 0 de Quequén S.A., Terminales y Servicio S.A., Pier Doce S.A., Terminal Fertilizantes S.A., Terminal Quequén S.A. y Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA..
Según fuentes municipales, el objetivo primordial de esta medida, es la obtención de fondos para el mantenimiento de las calles que han sufrido deterioro debido al tránsito de camiones. Asimismo, se ha comunicado que el incumplimiento de esta intimación por parte de las empresas derivará en el inicio de acciones judiciales.
El monto a abonar por cada terminal se determinará mensualmente, multiplicando el valor de medio litro de gasoil grado 3 (expendido en la estación del ACA de Necochea) por la cantidad de toneladas de carga exportada. El volumen total de mercadería despachada por cada terminal será el factor determinante del importe final.
Durante el año 2024, Puerto Quequén registró un movimiento de 7.770.387 toneladas, según datos oficiales. Este volumen se tradujo en más de 200.000 viajes de camiones a través de las vías urbanas de Quequén y Necochea, generando un impacto significativo en el estado de la infraestructura vial.
El plazo para que las terminales se registraran, presentaran declaraciones juradas y comenzaran a pagar venció en marzo.
Las terminales portuarias respondieron a esta exigencia presentando recursos administrativos en los que manifiestan su oposición al pago de la tasa. En este contexto, el Departamento Ejecutivo municipal, en cabeza de de Arturo Rojas (fué presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén con la gobernación de Daniel Scioli) continúa con el análisis de estos recursos, con la intención de rechazarlos y habilitar la vía judicial en caso de que las empresas mantengan su negativa.
Rojas fundamenta la legalidad de la tasa en la legislación vigente y la considera una herramienta fundamental para la recuperación y el mantenimiento de la infraestructura urbana, dada la incidencia directa de la actividad exportadora.
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