El presidente Javier Milei pasa la motosierra disolviendo dos organismos clave: la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, cuyas funciones y competencias pasarán a concentrarse en un nuevo organismo centralizado denominado Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Según el gobierno, esta medida busca modernizar la administración portuaria, simplificar estructuras burocráticas y garantizar una supervisión más eficiente de los recursos estratégicos del país. Las responsabilidades que antes recaían en estas entidades —incluyendo la regulación, fiscalización, concesiones y políticas logísticas— se agruparán en este nuevo ente.
Sin embargo, la decisión ha despertado inquietudes en la comunidad portuaria y en sectores vinculados al comercio exterior. Mientras el Ejecutivo argumenta que el decreto pretende mejorar la competitividad del sistema portuario, muchos temen que esta reconfiguración no sea más que un cambio de nombres, dejando intactos problemas históricos.
Las innumerables denuncias de corrupción que han salpicado a la AGP en los últimos años, y que desde este medio hemos documentado, generan dudas sobre si las prácticas cuestionadas podrían trasladarse al nuevo organismo, perpetuando vicios que han frenado el desarrollo del sector.
«Es casi idéntico del que preparamos en el 2012. Una herramienta esencial para desarrollar un modelo de navegación al servicio de un modelo nacional. Ahora se verá si se utiliza por idóneos o es apropiado para terminar la entrega» fueron las palabras dadas a este medio por un ex funcionario de la Subsecretaría de Puertos.
La comunidad empresarial y gremial seguirá de cerca el desarrollo de este nuevo esquema, consciente de que el éxito o fracaso de esta reestructuración será crucial para el futuro del comercio y la logística en el país.
«La medida, no obstante, plantea interrogantes aún sin respuesta: ¿Acaso las recientes denuncias en un medio masivo apresuraron esta decisión como un intento de «lavado de cara»? ¿O se trataba de una reforma planificada y su timing fue pura coincidencia? ¿Será esta una oportunidad real para desterrar prácticas corruptas o simplemente se trasladarán al nuevo organismo? Además, ¿qué pasará con el polémico llamado a licitación para la Hidrovía Paraguay-Paraná? ¿Se revisarán los contratos, permisos y prórrogas de los últimos años, o se optará por dejar todo como está?«, fueron los interrogantes que se plantearon desde el portal netnews.com.ar al analizar la medida.
Los expertos consultados por informemaritimo.com, coinciden en que la medida no es mala de por sí, en tanto y en cuanto se piense en un modelo «logístico Argentino«, por otro lado insisten que puede ser contraproducente en el caso que al frente del organismo creado sigan los mismos que «fundieron la AGP».
Desde el gremio, que grupa a los trabajadores ferroportuarios, asegura que esta posibilidad de «Agencia» se viene manejando desde hace mucho tiempo, lo que preocupa que surja como «salida por arriba de un momento crítico en el cuestionamiento a la transparencia en la gestión de la AGP«. Por otro lado aseguran que están analizando el DNU para ver si, afecta o no, a los trabajadores de ambos organismos.
En las últimas horas se conoció la noticia de la renuncia de Iñaky Arreseygor a su cargo de Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a partir del pasado 30 de diciembre. No obstante, fue el propio Ministro de Economía Nicolás Caputo el que se encargo de informar que Arreseygor, tendrá bajo su mando la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). El organismo reemplazará a la Administración General de Puertos y a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegable.
La fusión de organismos y la designación de Arreseygor, llega en un momento en el que se encuentra en pleno proceso de licitación el dragado de la Vía Navegable Troncal. Este proyecto representa un negocio estimado en 9.000 millones de dólares, lo que generó una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo, muchas de las cuales desplegaron estrategias de lobby en el país en busca de adjudicarse el contrato. Dos de las mas importantes realizaron una presentación «administrativa» denunciando como «direccionado» el pliego de condiciones hacia una sola empresa, la actual operadora Jan de Null.
Por otro lado distintos actores de la actividad y legisladores nacionales y provinciales han manifestado su oposición al llamado a licitación, no solo por la sospecha del intento de benficiar a una sola em´presa, sino también, por verse afectados los intereses de provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe o Chaco.
Piden la nulidad del proceso licitatoria y un nuevo pliego que sea consensuado con las provincias, y con participación de profesionales externos.
En la vereda de enfrente, sorprendió a propios y extraños las expresiones del Secretario General de Dragado y Balizamiento, actual titular de la CATT, del la Fempinra y Secretario de Políticas de Empleo de la CGT, el rosarino Juan Carlos Schmid, que en diálogo con LetraP, manifestó «Es un contrato a 30 años que le da previsibilidad en materia de inversiones y además es flexible en cuanto a mejoras en la vía navegable”.
Schmid, aseguró que observa “un proceso cruzado por la puja de intereses empresarios con denuncias y objeciones, ya que se trata de un negocio millonario”.
Arreseygor, desde su nuevo cargo al frente de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación , deberá ratificar este proceso viciado desde su inicio o podrá anularlo y buscar acuerdos que lleguen al objetivo postergado desde septiembre del 2021.
El desenlace de esta transformación será clave para definir si el sistema portuario argentino avanza hacia la transparencia prometida o si, una vez más, se queda atrapado en las sombras de sus viejas prácticas.