Según cuenta el portal La política online, en enero del 2021 la compañía estatal que en ese momento dirigía Sergio Affronti extendió por cinco años con opción a dos de prórroga el contrato para transportar combustible en barcazas desde las refinerías al norte argentino por el Río Paraná.
Las dudas sobre el contrato recayeron en su momento sobre el rol de Jorge Metz, quien ocupó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, se desempeñó previamente como gerente de Transporte Marítimo de Horamar desde el año 2007 hasta el 2015, cuando asumió como funcionario.
Pero además una auditoría interna de la propia YPF habría advertido sobre las presuntas irregularidades del contrato. Las miradas se posaron sobre los directivos de YPF, Andrés Marcelo Scarone, entonces gerente Ejecutivo de Comercio Internacional cuando se celebró el contrato; Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente de Downstream de la petrolera, que se encarga de autorizar contrataciones superiores a los 10 millones de dólares y Gonzalo Sebastián Mera Truffini el ex gerente de Aseguramiento Marítimo.
Uno de los puntos que se le cuestionó a YPF es que fue a contramano de lo establecido por la Ley de Promoción de la Industria Naval, porque as barcazas tanque que debían ofrecer los servicios iban a ser construidas en el Astillero Chaco Paraguayo y no en la Argentina.
La normativa prevé que el Estado Argentino únicamente puede recurrir a la construcción de buques fuera del país si presenta un informe fundado ante la Comisión Asesora de la Industria Naval. Este requisito no figuró en los pliegos licitatorios, según plantearon los demandantes.
Sucede que casi el 90% de las barcazas que circulan por el Río Paraná son de bandera paraguaya debido a las ventajas competitivas que tiene el país vecino en cargas impositivas que no superan el 30% cuando en Argentina se duplica esa incidencia y el otro punto son los regímenes de contratación del personal donde en Paraguay tiene condiciones mucho más desventajosas para los trabajadores.
De esta forma, YPF le dio continuidad al contrato a favor de Horamar, pese a los cuestionamientos y la falta de claridad sobre la conveniencia para el Estado.