En octubre de 2009, la Legislatura de la provincia de Santa Cruz sancionó la Ley Nº 3.081 en la que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio, instalaciones y bienes muebles que comprenden la planta de procesamiento de la empresa Antonio Barillari en la ciudad de Caleta Olivia.
Así, la desposesión de los bienes a la empresa privada por parte del Estado provincial ocurrió en diciembre de 2009, durante el gobierno de Daniel Peralta, y se inició un extenso proceso judicial en torno a la discrepancia en cuanto al importe indemnizatorio ofrecido por los bienes muebles e inmuebles que la firma tenía en Santa Cruz.
Recién en noviembre de 2021, es decir, el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la provincia de Santa Cruz dictó sentencia haciendo lugar a la demanda formulada por el estado santacruceño en contra de la sociedad Antonio Barillari S.A., en virtud de la expropiación del inmueble, instalaciones y bienes muebles declarados de utilidad pública y dando por transferida la propiedad situada en la localidad de Caleta Olivia.
En ese sentido, ese tribunal resolvió además diferir la determinación de la indemnización expropiatoria, declarando la nulidad del informe remitido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Santa Cruz, el que debía proceder a su integración una vez que la sentencia quede firme, con intervención del representante del expropiado, emitiendo un dictamen con la tasación actualizada.
Según publicó el portal Parte de pesca, transcurrido un año y medio de ese fallo, aún no se ha realizado la tasación definitiva y por consiguiente la determinación del monto que deberá afrontar la Provincia de Santa Cruz. Atento a que la expropiación se inició en 2009, y han pasado más de trece años, es de prever que la cifra actualizada más intereses, teniendo en cuenta la inflación acumulada en más de una década, será multimillonaria. Además, de las instalaciones se debe dimensionar el lucro cesante, no evaluado, y generó un beneficio en este caso para la empresa que hoy controla la pesquera expropiada.
Vale recordar que la firma Antonio Barillari S.A. en 2009 se encontraba atravesando un concurso preventivo de acreedores y actualmente el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 16 de CABA, tramita la quiebra. Al tiempo que se negocia con los acreedores la venta de la sociedad en quiebra.
Independientemente de ese proceso en que se encuentra la expropiada, el Estado santacruceño deberá asumir el pago indemnizatorio respectivo, por haberse quedado con los bienes que la pesquera tenía en el puerto de Caleta Paula.
Los memoriosos recuerdan que la planta procesadora que la firma Barillari poseía en Santa Cruz se expropió a partir de un proyecto de ley que presentó, en aquel momento, el diputado oficialista Rubén Contreras, cuando el gobernador era Daniel Peralta.
Si bien en la ley de expropiación establecía que debía conformarse un órgano tripartito entre la provincia, el municipio y los trabajadores, el Ejecutivo Provincial dejó en manos de un privado el manejo de la planta pesquera. Aseguran que Luis ‘El Gringo’ Jones, un hombre en aquel entonces ligado a Julio De Vido (en su máximo apogeo), se quedó con el control de la fábrica. El Gobierno de Santa Cruz es el propietario de las instalaciones, las cedió en uso a cooperativas de trabajo, pero aseguran diferentes fuentes que quien la regentea es Vepez S.A. que es quien a la postre se benefició con la decisión gubernamental.