El Índice de Producción Industrial se aplica para medir la evolución mensual de la productividad del sector y especificar la actividad de cada especie y buque. El documento, publicado por el INDEC en julio, identificó una caída del 7,2% respecto a igual período del año anterior.
Para consultar sobre estas variaciones, El Auditor.info se contactó con Julián Suárez, director de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, quien explicó que los desembarques fluctúan en función de la disponibilidad de los recursos, las medidas de administración y de las estrategias de captura que decidan los empresarios armadores en función de las demandas y posibilidades que ofrezcan los mercados.
“Desde 2020 no hubo incursiones de barcos extranjeros en aguas nacionales”.
“Debemos resaltar que la merma se relaciona directamente con la reducción de los desembarques de la especie Calamar Illex Argentinus registrados al momento de la elaboración del informe”, aclaró Suárez. En esta línea, destacó que “las innovadoras medidas de administración que aplicamos desde el Consejo Federal Pesquero durante la temporada actual nos ha permitido finalizar con desembarques totales por 151.813 toneladas, ubicándose así como una de las temporadas más exitosas en los últimos 20 años”.
Asimismo, aclaró que algunas especies son más “estables” en sus niveles poblacionales como la merluza, a diferencia de otras más variables como el calamar y el langostino que tienen un ciclo de vida más corto. “La variabilidad actual no se debe a la sobrepesca, la mayoría de las pesquerías argentinas se encuentran en situación sostenible, y las que están en recuperación tienen bajos niveles de captura, que no alcanzarían a mover el índice de los porcentajes mencionados”, afirmó Suárez.
El director aseguró que “desde 2020 no hubo incursiones de barcos extranjeros en aguas nacionales, aunque sí hay gran cantidad de buques que pescan en aguas internacionales adyacentes a nuestra jurisdicción”. También hay variabilidad en las capturas, dependiendo de la abundancia de los recursos.
Milla 200
Argentina tiene soberanía exclusiva y excluyente sobre la totalidad de los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva que se extiende hasta las 200 millas náuticas. Más allá de ese límite, se denominan aguas internacionales según la Convención Internacional del Derecho del Mar y es allí donde hay una intensa actividad pesquera de buques extranjeros. “Tenemos permanente comunicación con Prefectura Naval y la Armada para evitar que buques extranjeros ingresen ilegalmente a nuestras aguas”, ratificó Suárez. Para ello, cuentan con 25 imágenes satelitales diarias que la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) le envía a la Prefectura. También, con aeronaves para sobrevolar ese sector y varios buques guardacostas con unidades de superficie de última generación.
“Tenemos convenios de cooperación con dichas fuerzas de seguridad y permanente coordinación con inspectores e inspectoras de nuestra dirección nacional ubicados en los buques para reforzar el control y fiscalizar ese espacio”, sostuvo.
“Con desembarques totales por 151.813 toneladas, esta temporada se ubica como una de las más exitosa en los últimos 20 años”.
Módulo Transacciones Comerciales
Sobre la aplicación de la trazabilidad pesquera, el funcionario sostuvo que “la implementación del sistema completó la cadena de control entre lo declarado en el parte de pesca electrónico y lo verificado por nuestros inspectores e inspectoras en los muelles durante la descarga hasta la venta final o exportación”.
El sistema está basado en el principio de autogestión elaborado por desarrolladores informáticos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, totalmente gratuito para los usuarios y las usuarias. En cuanto a los beneficios para el sector público, Suárez cree que como Autoridad de Aplicación de la Ley Federal de Pesca han dado un salto cualitativo y cuantitativo en la información disponible para la toma de decisiones. “El sistema de adquisición de datos se perfeccionó notablemente”, dijo.
A partir de la firma de Convenios de Cooperación, por primera vez en la historia se consolidó una base de datos de capturas que contiene información proveniente de todas las jurisdicciones administrativas del Mar Argentino. El sistema cuenta con la capacidad de consultar el movimiento de los alimentos de origen marítimo desde la captura hasta la distribución y comercialización.
También mencionó la eliminación del formulario en papel “Distribución de Captura Legal” (DCL) para el sector privado y la atención a un problema planteado por las plantas de procesamiento en tierra en torno a la imposibilidad de comercializar los kilogramos que ingresan a la planta cuando existe una diferencia entre lo declarado en el parte de pesca o lo constatado en muelle (acta de descarga). En este punto, se creó una nueva declaración jurada de “ajuste por pesaje en planta”, la cual es completada por el armador del buque y permite agregar kilogramos en base al pesaje realizado por el primer receptor de los productos pesqueros. Únicamente permite adicionar kilogramos de especies declaradas y/o fiscalizadas en muelle.
«Todas las embarcaciones pesqueras que operan en los espacios marítimos bajo jurisdicción de la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922 y aquellos buques de bandera nacional que operen en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva, cumplen con presentar el parte de pesca electrónico», afirmó Suárez. Si la embarcación no presenta uno o más partes de pesca se queda sin la posibilidad de seguir operando hasta regularizar sus declaraciones juradas de captura.
Fiscalizaciones
Actualmente se están adquiriendo datos en forma sistémica sobre actividades productivas que antes no estaban en el radar. Desde la puesta en producción del sistema de trazabilidad electrónico, el organismo detectó que los residuos generados a partir del procesamiento en tierra no eran declarados completamente, o estaban mal. “Esto trajo inconvenientes a sus adquirentes, las harineras, ya que también requieren un certificado de captura legal para exportar como es el caso de Chile, entre otros destinos que exigen trazabilidad en harinas y aceites de pescado”.
En el caso de los rendimientos de las plantas de procesamiento en tierra también detectó anomalías, aunque estuviera previsto desde el inicio del proyecto. “En base a las propias declaraciones de los productores pudimos determinar mínimos y máximos razonables para las principales especies y subproductos (merluza, langostino y calamar) y detectamos casos que estaban fuera de rango”, puntualizó y además precisó que al día de la fecha tienen un proyecto de normativa para fijarlos en el sistema legalmente y que se encuentra a la espera del dictamen jurídico del ministerio de Economía.
Control
La Auditoría General de la Nación (AGN) verificó el cumplimiento de los programas de gestión ambiental de la pesca de langostinos, desde enero de 2017 a julio de 2019, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. De acuerdo al informe del organismo, se percibieron debilidades en la administración, se advirtió sobre la falta de recurso humano para supervisar la actividad y, además, el organismo expuso la “necesidad y urgencia” de elaborar y contar con un plan de manejo integral de la especie.
La Auditoría expuso, en función a la información de las Actas del Consejo Federal Pesquero (CFP), la “necesidad y urgencia” de elaborar y contar con un plan de manejo integral para la pesquería de langostino. El organismo de control nacional indicó que “no se estableció un cronograma de trabajo para la formulación del Plan”.
Según el relevamiento, los controles del sistema de fiscalización a bordo fueron “insuficientes”. Esta inspección permite, entre otras cosas, verificar la correcta utilización de dispositivos de selectividad, lo cual es relevante dado que la pesca de langostino se desarrolla principalmente en el área de merluza. “Son insuficientes los inspectores que fiscalizan los buques pesqueros, considerando la obligación impuesta para la flota langostinera”, sostuvo la AGN en este último trabajo.
En relación a la gestión de la política pesquera de la especie langostino entre enero de 2017 y julio de 2019, el auditor Miguel Ángel Pichetto presentó un informe en el que se registraban fallas en los controles de la pesca de langostino que hacia hincapié en la falta de recursos humanos y el crecimiento de la ilegalidad en el sector.
Por su parte, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en reiteradas oportunidades aseguraron con hechos haber mejorado y actualizado el sistema operativo de la institución, al mismo tiempo que incluyeron nuevos controles y más inspectores para garantizar la transparencia en el organismo. El módulo Transacciones Comerciales fortaleció el sistema de trazabilidad de los productos y subproductos de origen pesquero.