Eran las últimas horas del día 11 de Febrero, y era inminente la apertura de sobres de la Vía Navegable Troncal. Ya se tenia el informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y se estaba a vísperas de un escándalo de proporciones. Suena el teléfono de un importante directivo de la Compañía Sudamericana de Dragados, era un alto funcionario del Gobierno Nacional, que buscaba salir del papelón en que se había metido.

El funcionario le pedía a la empresa, que «corría con el caballo del comisario«, que desistiera de presentar los sobres con las ofertas en la licitación. El Gobierno necesitaba que fuera declarada desierta y con ello planificar la salida del papelón al que se había auto sometido, «estamos a un paso de una causa penal», le aseguró el funcionario a un allegado de su ministerio.
¿El caramelo? A cambio del retiro «Les damos continuidad operativa, y en las mismas condiciones, por lo menos un año mas, hasta que podamos licitar de nuevo y nos evitamos una denuncia penal«. La propuesta fue atendida y aceptada. Mientras tanto comenzó a diseñarse una nueva estrategia de comunicación para tapar un desastre anunciado.
Un ministro sin ministerio fué el encargado de darle la mala noticia al Presidente. Ni el Ministro de Economía – Luis Caputo, ni el Jefe de Gabinete – Guillermo Francos, se animaron a contárselo al mandamás. El ministro sin ministerio fue responsabilizado, por sus pares, del desastre político que significaba la caída de la licitación «por su capricho de seguir adelante«.
El dictamen de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA),fue trascendental para condenar el proceso licitatorio. La PIA advertía que estaba diseñado de una manera que favorecía a uno de los oferentes.
Este dictamen del Fiscal Sergio Rodríguez, habilitaba inclusive la presentación de denuncias en el fuero federal y ni el Gobierno, sus funcionarios, ni la propia empresa dragadora Jan de Nul (Compañía Sudamericana de Dragados), sindicada como la favorecida por el pliego, querían someterse a una denuncia penal en su contra.
A los propios directivos de Jan de Nul, no les gustaba lo que estaba pasando, desde hace tiempo, con esta licitación donde su prestigio internacional estaba siendo manchado por un grupo de «improvisados con poder«, según la propia calificación de una alta fuente empresaria.
Así las cosas, el día 12 de febrero y preparados para la apertura de los sobres de la única oferta que se esperaba, la de Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME)., que ya había adelantado se presentaría al solo efectos de impugnar la licitación, los funcionarios diseñaron una «precaria» estrategia comunicacional para enfrentar el fracaso.
Fué Iñaky Arreceygor, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) junto al vocero presidencial Manuel Adorni, los encargados de hacer pública la noticia. La precaria e increíble justificación se fundaba en una condición inexistente en el pliego, como es que «se había previsto que con una sola oferta se cancelaría el proceso licitatorio«, y la sospecha sobre Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME) por haber encabezado una posible asociación para perjudicar al «Estado y los productores“. Para ello le dieron intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. UN VERDADERO Y RISUEÑO DESPROPÓSITO cuando fue esa misma empresa – Junto a otras – la que denunciaron las irregularidades que después se acreditaran en el dictamen de la PIA.
A partir de allí, Arreceygor, comenzó un periplo por los medios oficialistas otorgando extensas notas repitiendo cuestiones técnicas inexistentes, sin repreguntas por parte de los periodistas afines y repitiendo simplemente excusas y que se trato de «un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional” – no pensó así la Procuraduría de Investigaciones Administrativas – todo para tapar el fracaso de la licitación.

El titular de la ANPYN, se esforzó por direccionar su fracaso asegurando que desde su gestión van a “salir a investigar y perseguir con todo el peso de la ley a aquellos involucrados en este intento de sabotaje del proceso licitatorio”.
Y por último, para ratificar el acuerdo Gobierno-Empresa señaló que «trabajarán en la redacción de nuevos pliegos para una futura licitación«.
¿FIN DE LA HISTORIA? No, faltan varios capítulos de esta saga cargada de idas y vueltas, de intereses económicos, de intereses políticos cruzados (festeja Macri y Festeja Massa) y del futuro de varios funcionarios involucrados en este desmadre.
En definitiva los perjudicados seguirán siendo los mismo, nuestro país, los productores, las provincia ubicadas a la vera de la VNT, y los beneficiados siempre los mismos los funcionarios políticos o de carrera que se prestan a estas maniobras y las empresas actuales operadoras del dragado y señalización de nuestro río Paraná, que se han asegurado, como mínimo, 18 meses de continuidad – Todo lo que piensa el Gobierno, esta sujeto a pasar las próximas elecciones legislativas.
I.M
Trataron de hacer cualquier cosa,primero cambiar la figura social de AGPSE por AGPUP, finalmente ANPYN con los mismos funcionarios corruptos de la exAGP y los actuales Gaston Benvenuto e Iñaqui Arreseigor que pretenden justificar la responsabilidad del pliego armado para que lo ganara La empresa Jan De Nul. Estos y todos deberían ser enjuiciados por mal desempeño y echados por delincuentes!
gracias Roberto por tu opinión