El malestar en las empresas de transporte fluvial de pasajeros por la tasa que impuso el gobierno uruguayo de 2,10 dólares más IVA para financiar el sistema de control migratorio nacional no cede.
Esta decisión, cuestionada por las empresas de transporte entre Buenos Aires y destinos uruguayos, fue tomada con el objetivo de financiar un nuevo sistema de control migratorio por parte del gobierno oriental.
La nueva tasa al turismo fluvial, que para expertos tributarios consiste en un impuesto, establece que “las empresas de transporte marítimo o fluvial internacional de pasajeros que operen en cualquiera de los puertos serán las encargadas de cobrar el Precio por Servicio de Seguridad a cada uno de sus pasajeros”.
La medida también afecta a los viajes de cruceros que llegan o salen de Uruguay, donde el cobro de la tasa será responsabilidad de la agencia marítima consignada del buque crucero.
La nueva tasa fue cuestionada por la Asociación Turística de Colonia, que pidió al gobierno de Luis Lacalle Pou dejarla sin efecto debido al impacto que prevé que tenga sobre la cantidad de visitantes que lleguen desde Argentina.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, expresó sus diferencias con la resolución, aunque finalmente firmó el decreto. En tanto, operadores del sector turístico también han cuestionado la medida, lamentando su impacto negativo en el turismo del país.