El Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo conflicto con la Provincia de Buenos Aires. Esta vez el objetivo es el Consorcio de Gestiòn de Puerto de Dock Sud ¿Excusa para una nueva Intervención?
Desde la autoridad portuaria avanzaron en un reclamo judicial contra las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, por una deuda en el pago del dragado de los canales de acceso, al mismo momento en que el organismo provincial se encuentra en proceso de un nuevo llamado para el dragado de una de las principales terminales portuarias.
Recordemos que durante el año 2025, se cayó la licitación convocada por el Consorcio para el dragado de su canal de acceso. La gestión de Carla Monrabal, se vio golpeada por ese fracaso que derivó en la presentación de su renuncia, a partir del 10 de diciembre, al frente del ente público no estatal.
Con la aceptación de esa renuncia asumió el cargo Mónica Litza principio que tomó como prioridad de su administración la ejecución en el menor tiempo posible de esa obra postergada por las graves deficiencia que contenía el pliego anterior.
Ahora, Litza, se encuentra con un «costo oculto» que no tenía previsto. Puntualmente, la demanda señala, que en diciembre de 2023 venció el acuerdo que se había firmado con el consorcio, donde se establecía el marco y los montos en los que se repartía el pago de las tareas de dragado.
Desde la gestión nacional informan que «según establece la ley de puertos nacional, cada puerto es responsable del mantenimiento de sus canales de acceso. En el caso de Buenos Aires y Dock Sud, ese tramo es compartido por ambas administraciones«.
Ahora bien, según se reclama, en al año 2023, el puerto de Buenos Aires bajo gestión de José Beni «se hizo cargo de la totalidad del contrato establecido para el dragado del canal Brown, de uso compartido, así como del canal Huergo (exclusivo para el puerto Buenos Aires) y el canal Sur (exclusivo para Dock Sud)».
El acuerdo firmado en 2021, finalizó en el año 2023 sin que el Puerto Dock Sud, haya cancelado la deuda que mantenía con el organismo nacional respectivo – en ese momento la Administración General de Puertos – por lo que la hoy Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que conduce el Dr. Iñaki Arreseygor, instruyó a la Sociedad Anónima Unipersonal AGP, a cargo de Gastón Benvenuto, para que inicie el reclamo judicial.
En el acuerdo firmado en el 2021, establecía el sistema de pago de las obras, en un acuerdo que tomaba como base las Tonelada de Registro Neto (TRN) que llegaban a cada puerto para definir cuánto correspondía a cada gestión por las obras. Básicamente, se pagaba en función del tráfico que recibía cada puerto.
Si bien durante varios período se reclamò la deuda, inclusive se reiteró la voluntad de pagar por el Consorcio del Puerto de Dock Sud, las nuevas autoridades del puerto, con Mónica Litza al frente del consorcio, no formalizaron nunca la aceptación de un nuevo convenio, lo que genero el reclamo judicial.
NO HAY NADA SOBRE LA DEUDA:
FUENTES ALLEGADAS AL CONSORCIO PORTUARIO ASEGURAN QUE «NO HAY NADA, QUE NO HAY UN PAPEL QUE DIGA QUE SE DEBE».
Desde el consorcio portuario, las fuentes consultadas, nos dicen que es el tercer reclamo que se judicializa. Uno ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y otro en el fuero civil.
Según estas mismas fuentes, aseguran que en la última reunión de directorio con Monrabal se decidió postergar todo y permitir que la nueva gestión resolviera. El problema radica en el «Dragado Adicional» pero nunca le dieron el importe de la deuda.
LOS DEMANDADOS:
Según se supo los demandados son directamente los integrantes del Directorio del Consorcio bonaerense, entre ellos se encuentran, Daniel Lewincki, Demetrio Stekovic, Leandro Spaletta, Vicente Lombardo, Roberto Negro, Josè Rivas, Pablo Dimitroff, y Alejandro Álvarez (pero no se cita a Carla Monrabal ni a otros integrantes del directorio que estuvieron en el 2023, en lugar de Lombardo y Spaletta).
EL CAMINO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN:
Este conflicto se desata tras la intervención intempestiva del puerto de Ushuaia, el pasado 20 de enero, fundado en la denuncia de un empleado que generó una inspección y posterior informe que daba cuenta sobre supuestas irregularidades administrativas y fallas de infraestructura crítica en el puerto de Tierra del Fuego.
Este único argumento bastó para que Iñaki Arreseygor resolviera la Intervención de puerto fueguino (Resolución Nº 4/2026-ANPyN).
Altas fuentes de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que preveían la intención del gobierno de Javier Milei, superada la experiencia fueguina, de avanzar sobre los puertos bonaerenses. ¿Será esta demanda la excusa para la intervención?.