Treinta días después de la intervención federal del Puerto de Ushuaia, el dato político más elocuente no es la decisión administrativa de la ANPyN, sino la pasividad sindical frente a sus consecuencias. Mientras tanto la Dirección Provincial reclama mil cuatrocientos millones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
En un escenario donde los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos vieron alteradas sus condiciones básicas de empleo, la reacción gremial — salvo una excepción — fue, por decirlo con prudencia, insuficiente.
La intervención no fue un trámite neutro. Implicó, en los hechos, impedir el ingreso de trabajadores a sus puestos naturales, sumirlos en la incertidumbre respecto del pago de haberes y colocarlos en una zona de desprotección jurídica evidente. La autoridad interventora, además, se desligó del pago salarial a pesar de apoderarse de la recaudación de la actividad portuaria, generando un vacío que afecta directamente la subsistencia de los empleados. No se trata de un matiz técnico: se trata de derechos laborales básicos.
Es cierto que el Gobierno provincial decidió garantizar el pago de los salarios de los trabajadores portuarios, evitando así que la crisis institucional derivara en una emergencia social inmediata. Sin embargo, esa cobertura financiera —que debería entenderse como una medida transitoria de resguardo— parece haberse convertido en una coartada funcional para la inacción gremial.
El argumento tácito sería que, mientras el sueldo esté asegurado, el conflicto puede administrarse en silencio. Pero el salario, aunque central, no agota la dimensión de los derechos laborales vulnerados.
Puertos intimó a Nación a reintegrar más de $ 1.400 millones
La Dirección Provincial de Puertos (DPP) intimó formalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con la firma del presidente del organismo provincial, Roberto Murcía, a reintegrar más de 1.400 millones de pesos que el ente provincial debió afrontar con fondos propios luego de la intervención dispuesta sobre el Puerto de Ushuaia el pasado 21 de enero. La notificación fija un plazo perentorio de 48 horas hábiles administrativas para que se efectúe la devolución, bajo apercibimiento de iniciar nuevas acciones judiciales.
Según el expediente administrativo DPP-N-194-2026, la intervención nacional implicó la toma de posesión de las instalaciones del puerto y la transferencia de la recaudación a una cuenta ajena a la Provincia, sin que se haya dispuesto una compensación financiera equivalente. En consecuencia, la DPP sostiene que quedó materialmente impedida de administrar su principal fuente de ingresos, lo que generó un desfinanciamiento inmediato.
En ese sentido, los números que acompañan la intimación reflejan la magnitud del impacto. El presupuesto 2026 había sido proyectado en $30.697 millones, de los cuales $25.624 millones —es decir, el 94%— provenían del Puerto de Ushuaia. Sin esos recursos, los ingresos estimados se reducen a poco más de $5.073 millones, alterando por completo el equilibrio financiero del organismo.
Por un lado, la DPP reclama el reintegro de la masa salarial correspondiente a enero de 2026, que ascendió a $1.057 millones y que, según consta en el expediente, no fue cubierta por la ANPyN. Por otro, exige la devolución de $381 millones correspondientes a gastos operativos efectuados entre el 1 y el 13 de febrero, vinculados a servicios esenciales, mantenimiento de infraestructura crítica, contratos técnicos, seguros y obligaciones preexistentes. En total, el monto intimado asciende a $1.438 millones.
Asimismo, el informe técnico-contable elaborado por la Dirección General de Administración advierte que, aun recortando partidas vinculadas directamente con la operatoria del Puerto de Ushuaia, el nuevo escenario proyecta un déficit superior a los $10.000 millones al cierre del ejercicio 2026. Para sostener el funcionamiento básico del ente, se prevé utilizar recursos acumulados de años anteriores que originalmente estaban destinados a obras de infraestructura.
Sin embargo, el propio documento alerta que esos fondos alcanzarían únicamente hasta noviembre de este año. Luego, de no revertirse la situación o no mediar asistencia financiera, la Dirección Provincial de Puertos enfrentaría un desfinanciamiento total. Además, el saldo proyectado al 31 de diciembre arrojaría un resultado negativo adicional.
Frente a este panorama, la DPP dejó constancia de que la intimación se cursa sin reconocer legitimidad ni competencia a la intervención dispuesta por la Agencia Nacional y con expresa reserva de ampliar los montos reclamados a medida que continúen devengándose nuevas erogaciones. Al mismo tiempo, anticipó que el incumplimiento del reintegro consolidará el perjuicio patrimonial y será denunciado en el marco de las actuaciones judiciales ya iniciadas.
Más allá de las acciones judiciales que tramitan ante la Justicia Federal, el conflicto entre la Provincia y la Nación por el control y la administración del Puerto de Ushuaia suma ahora un capítulo financiero a la tensión Nación – Provincia. Mientras se sustancian los recursos administrativos y judiciales planteados contra la resolución nacional, la disputa se traslada al terreno presupuestario y amenaza con afectar no sólo la planificación de obras estratégicas, sino también la sustentabilidad operativa del sistema portuario fueguino. Fuente: El Diario del fin del Mundo
Estados Unidos pone personal militar en Tierra del Fuego
El punto clave es la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. Allí se encuentra la Base Naval Ushuaia, fundada en 1950, que funciona como el principal centro logístico argentino para operaciones hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Este lugar es estratégico porque conecta rutas marítimas clave y sirve como plataforma para misiones científicas y navales en el continente blanco.
En abril de 2024, el presidente Javier Milei anunció el desarrollo de una “base naval integrada” en Ushuaia, durante una visita junto a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.
En su momento, el mandatario explicó que este centro logístico convertiría a ambos países en una “puerta de entrada” a la Antártida y permitiría brindar apoyo a buques, misiones científicas y operaciones marítimas. «Este proyecto busca fortalecer la infraestructura argentina y mejorar su capacidad de operar en una región considerada clave para el futuro estratégico del planeta» aseguró.
¿Cooperación? entre Estados Unidos y la Argentina
La cooperación con Estados Unidos forma parte de un acercamiento militar más amplio. En 2025, el jefe del Comando Sur estadounidense, Alvin Holsey, visitó Argentina y la base de Ushuaia para reforzar la colaboración entre las fuerzas armadas de ambos países y analizar el rol de la instalación en la protección de rutas marítimas globales. Por su parte el gobierno argentino autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares conjuntos con la Armada, lo que confirma la existencia de vinculación militar concreta.
Sin bien, el gobierno argentino aclaró oficialmente que la base es argentina y no implica ceder el control del territorio ni crear una base militar exclusiva de Estados Unidos, es obvio y manifiesto que se está cediendo espacio y competencia soberana y territorial a una fuerza militar extranjera, por lo que (al menos) debería haber sido notificado a la legislatura nacional.