Mientras el Decreto 37/2025 de Milei elimina la obligatoriedad de contratar serenos, los puertos bajo consorcios bonaerenses, como Quequén y Bahía Blanca, avanzan con su contratación, desafiando la disposición nacional y sumando tensión a la relación entre Nación y Provincia.
Con un pequeño cambio normativo, en el decreto 37/2025, el gobierno nacional desdibujó la existencia del “sereno de buque” y el impacto que eso genera es doble. En primer lugar, lo padecen los trabajadores de los puertos que, de un día para el otro, dejaron de prestar servicios porque su contratación ya no es obligatoria sino optativa.
El segundo punto y más importante si se quiere, son los efectos nocivos sobre la seguridad. El Sindicato Único de Serenos de Buques denunció que la medida elimina un control básico sobre los barcos de bandera extranjera en el río Paraná. Se prescinde de una figura que detecta y denuncia eventuales derrames de líquidos, acciones de contaminación, contrabando, trata de personas o narcotráfico.
El sereno es un civil, auxiliar de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que desarrolla su tarea dentro del barco y es contratado por la agencia marítima extranjera responsable. No es un gasto para municipios, provincias o Nación. Es una carga que afronta o afrontaba la empresa internacional porque su presencia era obligatoria hasta el 17 de enero pasado.
El Decreto 37/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques en los puertos argentinos, lo que desató un nuevo capítulo en la disputa entre Nación y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.
Mientras el Ejecutivo Nacional defiende esta medida como parte de su agenda de desregulación, los puertos bonaerenses gestionados por consorcios provinciales, como el Consorcio de Puerto Quequén que decidió ratificar la obligatoriedad de contratación de serenos en su jurisdicción, desafiando lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
La presidenta del Consorcio de Gestión, Lic. Jimena López, firmó una disposición que resalta la importancia de los serenos para garantizar la seguridad de los buques amarrados, las cargas y las áreas operativas del puerto. En línea con esta postura, López recomendó continuar con la obligatoriedad de los serenos en los términos del Decreto 890/80, que regía antes de la normativa nacional.
El Consorcio del Puerto de Quequén destacó que esta desregulación pone en riesgo no solo la seguridad portuaria, sino también el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad. En Bahía Blanca, el conflicto dejó en evidencia cómo la falta de consenso entre las políticas nacionales y provinciales puede generar caos operativo.
La medida, que en principio tuvo a Jimena López como principal protagonista, promete en corto plazo, extenderse a todos los puertos bonaerenses, incluyendo aquellos con actividades diferentes.
Desde el Sindicato de Serenos que conduce Antonio Ivaldi, con el acompañamiento del SUPA han manifestado su firme oposición a la desregulación, advirtiendo que no permitirán la eliminación de su actividad y anunciando posibles medidas de fuerza.
En este clima, el futuro de la medida es incierto. Por ahora, los puertos bonaerenses, intentan ponerle un poco de cordura al afán desregulador del Gobierno Nacional y se han convertido en el escenario de un nuevo enfrentamiento político, donde la seguridad operativa y los derechos laborales son los puntos centrales de la disputa.