a Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) presentó un escrito en la Administración General de Puertos (AGP), dirigida a su interventor, Gastón Alejo Benvenuto, exigiendo una reunión urgente para tratar la reincorporación de doce trabajadores despedidos en enero y febrero de este año. Entre los despedidos, figuran varios dirigentes sindicales con tutela legal, lo que ha agravado el conflicto.
El pasado 7 de marzo – día del ferroportuario – se realizó una movilización en el lujoso edificio de Puerto Madero, donde funciona la sede central de la AGP, de los trabajadores despedidos. En la foto el Secretario General Adjunto de APDFA Artemio Zufriategui y el Secretario Gremial, Gabriel Preci. Junto a ellos una de las despedidas la señora Bárbara Sosa
En la misiva, la APDFA destacó que estos despidos arbitrarios se realizaron “ignorando la tutela sindical de nuestros dirigentes”. Además, subrayó que ya existen sentencias firmes emitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenan la reinstalación inmediata de los afectados.
Entre los despedidos se encuentran Juan Pablo Altieri, Gisela Paola Barone, Miguel Alberto Cabrera, Facundo Raúl De Urtiaga, Miguel Ángel Farías, Diego Levitín, Ariel Alejandro Onetto, Pablo Alejandro Raña, Ezequiel Rodolfo Serrano, Bárbara Susana Sosa, Héctor Schreiber y Juan José Simón.
El sindicato también mencionó que la AGP, bajo la dirección de Benvenuto, no ha cumplido con estas sentencias judiciales. Esta situación podría generar sanciones económicas severas. “La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó su inmediata reinstalación (…) bajo apercibimiento de imponer astreintes en caso de incumplimiento”, advierte la nota, refiriéndose a las multas diarias que se aplican cuando una sentencia judicial no es ejecutada.
Asimismo, el gremio hizo hincapié en que la falta de cumplimiento de las sentencias no solo implica un incumplimiento judicial, sino también un daño al erario público. “No solo se está en presencia de una flagrante violación a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales (…) sino también en la presencia de actos contrarios a su esperado rol de administración de funcionario público, al generarse con la eventual ejecución de multas (…) un claro y abultado perjuicio fiscal al erario público”, sostienen en la carta.
De los doce trabajadores mencionados, varios ocupan cargos sindicales dentro de la APDFA. Miguel Farías, Bárbara Sosa, Ariel Onetto y Juan Simón ocupan cargos sindicales que «fueron debidamente notificados a la AGP en tiempo y forma«. Ante esto, el sindicato consideró que los despidos vulneran la protección sindical establecidos en la legislación vigente, y asi lo entendieron desde la justicia.
APDFA, anticipa la posibilidad de acudir a la Justicia por desacato, e inclusive, deja entrever la posibilidad de la existencia de «incumplimiento de los deberes de funcionario público»
El sindicato también expresó su preocupación por el caso de Jorge Facio. Se trata de un vocal de la Comisión Directiva Nacional despedido a pesar de estar a solo meses de iniciar su trámite jubilatorio.
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En el texto, la APDFA destacó que el despido de Facio resultó en “un primigenio perjuicio fiscal de alrededor de 180 millones de pesos”. Esta suma podría elevarse si el dirigente decide avanzar con una demanda por despido arbitrario.
La carta finaliza con un llamado urgente a una reunión para evitar que el conflicto escale a mayores. “Nos vemos obligados a llevar a cabo las acciones pertinentes en la Justicia Criminal y Correccional Federal (…) por el delito de desacato a la Justicia”, advierte el gremio, en caso de que la AGP continúe ignorando las sentencias judiciales.