El texto impulsa un esquema alternativo al régimen tradicional de indemnización por antigüedad, un fondo de cese laboral o seguro privado financiado por los empleadores. Ese fondo actuaría como reemplazo del pago por año trabajado, trasladando el resguardo económico del trabajador a un sistema acumulativo administrado por terceros.
El proyecto flexibiliza situaciones en las que el empleador podría extinguir el vínculo, como enfermedades prolongadas o la imposibilidad de reubicar al trabajador en tareas compatibles. En esos casos, la compensación económica queda atada a los parámetros del fondo de cese o a una fórmula reducida respecto del esquema actual. Además, se regula la figura de la reincorporación por vía judicial, aunque se habilita como alternativa el pago de una compensación final que evitaría la restitución del puesto.
El proyecto mantiene el derecho a vacaciones pagas, pero habilita una mayor negociación individual para fijar fechas, fraccionamientos o compensaciones, siempre dentro de mínimos legales. La letra chica también incorpora los denominados “bancos de horas”, un mecanismo que permite sustituir horas extras pagas por tiempo libre acumulado, dando más flexibilidad a los empleadores para organizar la jornada (este modelo es copia de la estructura laboral China).
En el Gobierno aseguran que estos cambios buscan reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones, pero en el mundo sindical la lectura es opuesta. Para las centrales obreras, el proyecto recorta derechos adquiridos, abarata el despido y precariza las condiciones de trabajo. De hecho, varios gremios ya anticipan medidas de fuerza si el articulado avanza tal como está.
El oficialismo no cuenta con los votos propios para este proyecto de 181 artículos que modifican la Ley 20.744, necesita aliados para aprobar el proyecto en extraordinarias, pero también enfrenta gobernadores y bloques dialoguistas que piden garantías sobre el impacto del cambio en sus territorios.
Uno de los ejes principales del proyecto es la modificación del régimen indemnizatorio.
El fondo de cese y la flexibilización de causas de despido son los puntos más resistidos, y podrían sufrir redacciones alternativas en la negociación parlamentaria. Por ejemplo el Fondo de Cese, solo determina aportes del sector patronal como seguro de despido, y esto es visto como un nuevo costo para las empresas, contrariamente a lo que buscaba el Gobierno.
En cuanto a la flexibilización de causas de despido, ya se anuncia un rechazo enérgico de la CGT, y las dos CTA, que anunciaron no aceptar estas condiciones.
En el borrador se redefine la base de cálculo, fijando topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable, y se establece un piso del 67% del salario normal y habitual. También habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
Aplicaciones y plataformas excluídos
El proyecto de Ley, también excluye de su normativa (No es aplicable) a los trabajadores de plataformas, los que, según explica, tendrán un régimen especial.
La creación de un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como “trabajadores independientes”.
El proyecto oficial fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también derechos, como la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.
Régimen de tratamiento de Enfermedades y accidentes laborales
El documento preliminar introduce además cambios en el artículo 212 vinculado a enfermedades y accidentes laborales, ajustando los criterios para la reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad. inclusive la desvinculación anticipada del trabajador.
Curiosamente, el proyecto oficialista, deroga una cantidad de leyes importantes e históricas, pero llama la atención dos de ellas. Las leyes sobre Estatuto del Periodista Profesional (Ley Nº 12.908) y el Estatuto del Viajante de Comercio (Ley Nº 14.546).
Mientras la Casa Rosada cierra la convocatoria formal a extraordinarias (se daría a conocer esta noche), el mercado laboral, mira con atención lo que se vote en las próximas semanas ya que definirá si el régimen argentino mantiene su estructura clásica de protección o si gira hacia un modelo más flexible, con costos de salida acotados y reglas basadas en acuerdos individuales.