El Gobierno Nacional decidió disolver el Instituto Argentino del Transporte (IAT), creado en 2014. La medida fue formalizada a través del Decreto 870/24, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
En su justificación, el Gobierno indicó que las funciones del IAT se solapan con las responsabilidades de otras entidades, como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, que ya gestionan la planificación y ejecución de políticas de transporte.
La disolución del instituto implica la transferencia de sus activos y recursos a la Secretaría de Transporte, bajo la dirección de Franco Mogetta. El decreto, entró en vigor hoy 1 de octubre.
En 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se creó el Instituto Argentino de Transporte por decreto en el marco de un “plan estratégico del transporte” que tenía como objetivo “establecer políticas de Estado sustentables en el tiempo, requiriendo la participación y articulación de las provincias y los municipios del país, universidades, consejos profesionales y centros de estudios especializados en materia de transporte, así como los sectores empresario y sindical del transporte, entidades representativas de los usuarios del transporte y otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con el transporte”.
Federico Sturzenegger utilizó sus redes sociales para confirmar la decisión de la administración libertaria. “Hoy, con el decreto 870/24, firmado por Milei y Caputo, se disolvió el Instituto Argentino de Transporte”, escribió el ministro de Milei en su cuenta de X. Y agregó: “Durante el kirchnerismo el Estado creció desmedidamente, proliferando las funciones superpuestas o inútiles, creadas para inventar cargos. La tarea de ordenamiento va a llevar algún tiempo; el resultado será un Estado más útil y menos costoso”.
El, ahora desaparecido, instituto estaba integrado por los ministros de Interior y de Transporte y los ministros y funcionarios con competencia en el área de transporte en las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los municipios que hayan adherido al plan estratégico, autoridades de universidades públicas y privadas, representantes de cámaras empresarias y consejos profesionales.