El tres de julio pasado adelantáramos la necesidad de resolver la concesión de Terminal Quequén S.A. en en el puerto bonaerense del mismo nombre. El llamado a Licitación se venía demorando en exceso ante la inminencia del vencimiento de la última prórroga de un año.
No significaba esto que este portal tuviera una bola mágica o utilizara servicios de videntes para poder anticipar que se estaba generando un «todos somos el campo» ante la posibilidad de cualquier movimiento del gobierno provincial que pudiera afectar los intereses de las empresas que conforman el grupo Terminal Quequén.
Terminal Quequén S.A, es una empresa conformada por exportadores multinacionales, como Bunge, Cofco, Glencore (ahora denominada Viterra), y otras menores. Vence su concesión el próximo 24 de noviembre, después de haber tenido una prórroga en 2023 por un año y se veía venir que habría movimientos ante cualquier posibilidad que permitiera a otros oferentes, hacerse cargo de los elevadores de la ex Junta Nacional de Granos – hoy en manos de la Provincia de Buenos Aires.
Ver: https://informemaritimo.com/cual-sera-el-futuro-de-terminal-quequen/
El día de ayer, la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, confirmó la elevación del pliego de licitación de la terminal de granos.
Tras los cuestionamientos lanzados por legisladores opositores y por la Mesa de Enlace bonaerense, que alertaron por una intervención del Ejecutivo de Axel Kicillof en la comercialización de granos en una terminal del Puerto Quequén, las autoridades del Consorcio de Gestión afirmaron que ya elevaron el borrador del pliego de licitación.
En ese sentido, Jimena López, afirmó que el pliego licitación de la terminal de elevador de granos fue elevado esta semana. “Tiene carácter de borrador, porque tiene que ser aprobado en su totalidad por el directorio, con el que se ponen a consideración y se trabajarán diferentes puntos”, precisó.
Según precisaron desde el Ejecutivo bonaerense, con el vencimiento de la prórroga de la concesión de la Terminal Quequén S.A, que tendrá lugar en noviembre, comenzaron las negociaciones por el nuevo contrato, en la que Kicillof afirmó recientemente que buscará avanzar con el esquema de beneficios para los pequeños productores a través de un sistema de derechos de uso del elevador de granos.
En este marco, la renovación de la licitación de la Terminal Quequén S.A. generó tensiones dentro del directorio del Consorcio de Gestión, integrado por Jimena López, única representante del gobierno provincial, y ocho miembros que incluyen, entre otros, representantes gremiales, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).
Por su parte, la Mesa de Enlace bonaerense emitieron un comunicado en el que rechazaron “cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo”. “Sugerimos a Kicillof que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”, protestaron.
En respuesta, Jimena López aseguró que el proceso de licitación “no es una intervención provincial”, sino que está diseñado con un “alto nivel de tecnicismo y seguridad jurídica”, y está orientado a permitir la participación del sector productivo agroexportador, excluyendo la posibilidad de que fondos buitres o fondos económicos participen.
“La licitación lo que hace es poner transparencia en el proceso más allá de los ruidos que se han generado en estos días con las entidades intermedias, que salen a decir algunas cuestiones que son entendibles porque son parte del elevador y el paquete accionario de la terminal y defienden su parte”, expresó la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, en declaraciones radiales.
Es preciso mencionar que, en la última sesión ordinaria de la Cámara baja bonaerense, el legislador de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por la “intención de intervenir en el comercio de granos” en el Puerto Quequén y rechazó cualquier iniciativa de “intervencionismo estatal” en el sector.
A pesar de las reiteradas expresiones sobre cual es el borrador del Pliego, 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense se reunieron para tratar de encontrar una solución al conflicto, un conflicto que ellos junto a legisladores de la oposición generaron por que no existía.
El supuesto temor de las entidades que integran la sociedad de la terminal es que en septiembre próximo el elevador no pueda tomar más compromisos de embarques por el vencimiento de la concesión y la falta de una prórroga que evitaría esta situación (sic). Lo dicho no puede dejar más en claro la clara intención de lograr una nueva prórroga y hacer caer el proyecto de licitación.
Dando mayor claridad la «Intencionalidad» es la publicación realizada por las empresas al diario La Nación, publicadas el día de ayer: «Los dirigentes de las entidades zonales debatieron con el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, sobre los serios problemas que generaría la inactividad de la Terminal Quequén o el avance del pliego que pretende imponer el gobernador Kicillof con una “reserva del 30%” en el uso de la terminal, donde además se pone en garantía al Consorcio -integrado por la cadena- sobre esa prioridad asignada. Insistieron en que la participación de la provincia en el negocio sería – del modo que se plantea- “un salvavidas de plomo” y se refirieron a una protección supuestamente sugerida para los productores pequeños de prosperar la iniciativa oficial. Al respecto, aclararon: “Está actualmente dada en la posibilidad de que todos exporten, como lo indica el servicio público del elevador”.
LO QUE EXTRAÑA
Resulta extraño que entidades que debieran estar defendiendo los intereses de los pequeños y medianos productores y a los trabajadores de la ruralidad argentina, salgan en defensa de las multinacionales exportadoras, que solo pretenden mantener su posicionamiento privilegiado en instalaciones que le pertenecen al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Reiteramos es otro «todos somos el campo» cuando «el campo» eran unos pocos.
También resulta extraño la soledad de Jimena López en esta discusión donde intereses económicos muy fuertes presionan al gobierno provincial. La comisión de Intereses marítimos, portuarios y pesca de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente Gustavo Pulti, visitó la estación portuaria, donde se interiorizó de su funcionamiento y proyectos de gestión, acompañados por la presidenta del Consorcio del Puerto de Quequén.
“No existe por parte del gobierno provincial ningún proyecto en marcha ni en estudio tendiente a crear una Junta Provincial de Granos” expresó Pulti en apoyo a las gestiones provinciales.
El silencio de funcionarios provinciales como Juan Cruz Lucero (Subsecretario de Asuntos Portuarios) Augusto Costa (Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología) y de Carlos Bianco (Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires) son extremadamente llamativas, ante hechos que se vienen produciendo en los distintos puerto bonaerenses que merecería mayor atención.