El joven gobernador, con raíces en Juntos por el Cambio, salpicado por la causa al SUPA. En los últimos días explotó un escándalo mayúsculo en el ámbito pesquero en la provincia de Chubut, que compromete a los empresarios de la actividad y al gobernador Ignacio Torres, de estrecha relación con los principales dirigentes de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH).
Es que la denuncia de un empresario del sector pesquero desnudó los planes contra el SUPA Chubut,que hasta el momento se había llevado adelante a la perfección derivando en la detención de dirigentes gremiales por supuestos casos de extorsión.
Los principales dirigentes del SUPA provincial, entre ellos su secretario general Alexis Gutiérrez, fueron condenados a un mes de prisión tras la denuncia de un grupo de empresarios por los delitos de amenazas y extorsión contra seis empresarios de empresas de estibaje, que responden a la CAFACH.
Las detenciones fueron resueltas en febrero pasado por la jueza Karina Breckle, en el marco de una investigación llevada adelante por la fiscal general Florencia Gómez tras las acusaciones empresarias.
Pero en las últimas horas, el caso tuvo un giro que compromete a los empresarios, a la fiscal Gómez y al propio gobernador Torres.
La denuncia fue realizada por los representantes de la empresa de estibaje Aravales e hijos, una de las firmas que apareció en primera instancia en las acusaciones por extorsión contra el SUPA.
Uno de los propietarios de la empresa, Oscar Aravales, afirmó que la fiscal Gómez «modificó y transformó» en denuncia penal dichos aportados por él en una entrevista realizada en sede del Ministerio Público Fiscal.
Los dichos de Aravales son gravísimos: «Con intensidad supina, la fiscalía buscaba contactarme telefónicamente con el fin de que me acerque para ser entrevistado», comienza a relatar el empresario, que destacó que la entrevista fue realizada frente a un funcionario de fiscalía «sin ser la misma grabada ni firmada».
«Habiendo narrado los hechos con relación a los movimientos y actos que se dieron dentro del Puerto de Rawson dejé en claro que nunca existió ni apriete ni extorsión por parte del sindicato, (…) que los pagos que se realizaron se corresponden con los usos y costumbres, que nunca sentí miedo y que el único objetivo que teníamos era trabajar», narró.
Y agregó en sede judicial, según confirmó su abogado Federico Massoni: «mis manifestaciones no sólo habían sido modificadas sino que la entrevista la habían transformado en una denuncia penal (…) dejo aclarado que nunca tuve intención de denunciar ningún tipo de ilícito atento que considero que no se haya cometido tal».
Además, el empresario recordó que una vez ubicado frente a la fiscal para realizar la entrevista, Gómez «levantó el teléfono y se comunicó con el señor Raúl Cereseto (empresario de la CAFACH y denunciante) anoticiándolo que yo me encontraba en fiscalía en ese momento».
La defensa de Aravales pedirá la intervención del Procurador de la provincia, y llevará el caso al Consejo de la Magistratura.
La declaración de Aravales muestra los hilos de la estrategia empresarial para sacar del camino a la nueva comisión directiva del SUPA.
En una dura carta, el SUPA Chubut apuntó al gobernador Torres y dio muestras de la relación que mantiene el mandatario con los principales referentes de la CAFACH y denunciantes, Raúl Cereseto, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Gustavo Pantano, Gustavo Suárez y Luis Santander.
«Quien encabeza el grupo, el propio empresario Cereseto, en un ámbito particular, fue quien nos presentó antes del turno electoral donde resultó electo Gobernador», recordó el gremio en un escrito elevado a Torres.
El sindicato cuestiona a Torres y sus funcionarios de Pesca y Trabajo por «invisibilizar» los reclamos de los estibadores, asegurando que «a la fecha nos encontramos con que además han bloqueado todos los canales de legítimos de expresión y/o comunicación con el gobierno provincial» en cuestiones relacionadas al conflicto judicial con empresarios y referidas a temáticas específicas de la actividad.
El escándalo desatado en la justicia pondría en riesgo las intenciones de intervención al sindicato que circularon en el ámbito portuario provincia en las últimas semanas, en lo que iba a ser la frutilla de postre en el plato que prepararon los empresarios presumiblemente con complicidad de la Justicia y el gobierno de Torres para retornar al esquema pesquero pro-CAFACH.
Fuente: Mundo Gremial