El legislador provincial Federico Greve, cuestionó con dureza la intervención del Puerto de Ushuaia y sostuvo que la medida dispuesta por la Administración Nacional de Puertos carece de fundamentos reales y responde, en los hechos, a un objetivo central: apropiarse de los recursos económicos del sistema portuario fueguino.
Greve también cuestionó con ironía los planteos del Gobierno nacional sobre supuesta desinversión provincial. “Hablan de falta de inversión cuando la Nación no construyó una escuela, no mantiene las rutas y paralizó la obra pública en todo el país. ¿Qué garantía hay de que el dinero del puerto vuelva al puerto?”, se preguntó.
Desde el plano institucional, recordó que la Dirección Provincial de Puertos es un ente autárquico, con administración y recursos propios, y que la ley establece que todo lo recaudado debe reinvertirse en el sistema portuario.
En ese marco, adelantó que impulsará pedidos de informes para que las autoridades nacionales expliquen qué hacen con los fondos que hoy se están llevando y cuál es el destino de esos recursos. La intervención, además, abrió un escenario de fuerte incertidumbre laboral.
Greve advirtió que, si la situación se prolonga, la Provincia no está en condiciones de sostener en el tiempo la masa salarial de los trabajadores portuarios sin los ingresos que genera el propio puerto.
“Es una cuestión matemática: si la Nación se queda con la recaudación, la Provincia no puede absorber indefinidamente esos costos”, sostuvo.
Finalmente, el legislador remarcó que el conflicto excede lo administrativo y se inscribe en una disputa más profunda por el federalismo y la autonomía provincial.
“Hoy es Ushuaia, mañana puede ser cualquier otro puerto del país. Por eso esto no solo debería preocupar a los fueguinos, sino a todas las provincias”, concluyó.
EL QUE PAGA MAL PAGA DOS VECES:
Por su parte, la Dirección Provincial de Puertos analiza notificar formalmente a las empresas que hoy depositan fondos en cuentas indicadas por la ANPYN que considera ilegal ese accionar y que ya inició acciones judiciales para impugnarlo.
Se invoca el Código Civil y Comercial y el principio según el cual el deudor debe asegurarse de pagar al acreedor correcto para quedar válidamente liberado.
CALVETE SE SIGUE LAVANDO LAS MANOS:
El juez federal de Ushuaia, Dr. Federico Calvete, volvió a declinar su competencia para analizar la intervención federal que dispuso la ANPYN sobre el Puerto de Ushuaia. Ahora, decidió no resolver sobre la medida cautelar presentada por la Dirección Provincial de Puertos y ordenó que el expediente se acumule a la causa ya iniciada por el Gobierno fueguino ante la Corte Suprema. Argumentó conexidad, seguridad jurídica y defensa del juez natural.
Días pasados, la DPP, a través de su presidente Roberto Marcial Murcia, había promovido una medida cautelar autónoma para suspender de manera “urgente e inmediata” los efectos de la Resolución 4/2026 de la ANPYN, que dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses e instrumentó una intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria. Asimismo, solicitó dejar sin efecto una nota previa del organismo nacional que intimaba a la Provincia a poner a disposición el personal afectado a la operación del puerto, bajo apercibimiento de suspensión.
Calvete, sostuvo que la Dirección Provincial de Puertos es un ente autárquico, pero mantiene un vínculo institucional indisoluble con el Estado provincial, por lo que en términos sustanciales el conflicto sigue siendo entre la Provincia y la Nación.
De este modo, el juez advirtió que permitir que ambos expedientes tramiten en paralelo —uno ante la Corte y otro en el juzgado federal local— podría generar sentencias contradictorias sobre un mismo acto administrativo. Por razones de conexidad, economía procesal y seguridad jurídica, resolvió declinar la competencia y ordenar la remisión digital del expediente a la Corte Suprema para su acumulación con la causa ya en trámite.
Fuente: Medios Fueguina