Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Ferraro, el pasado 16 de diciembre. La presentación lleva la firma Jorge Álvarez, presidente de la entidad que nuclea las empresas de transporte por agua.
La nota expresa claramente «la honda preocupación del armamento nacional por las versiones periodísticas publicadas en distintos medios en el sentido que se estaría analizando derogar, enmendar y/o modificar la Ley de Cabotaje Nacional N.º 19.492/44, ratificada por Ley N.º 27.419 de “Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional«.
Según lo manifiesta la Cámara, derogar la Ley de Cabotaje Nacional «significaría la desaparición y destrucción total de las empresas argentinas del sector de transporte por agua; la pérdida de puestos de trabajo, tanto del personal argentino embarcado como terrestre y de aquellos indirectos que genera la
actividad; dejando el abastecimiento de mercadería e insumos estratégicos que reciben los distintos puertos en nuestro litoral fluvial y marítimo a través de las empresas argentinas armadoras, en manos de navieras extranjeras que acomodarán las frecuencias en base a sus líneas mayores, no generando ningún incentivo al desarrollo de nuestra actividad portuaria, de nuestro comercio interior y de transbordo de nuestro comercio exterior».
Preocupados por esta posible derogación manifestaron «la solución no pasa por permitir que barcos
de otras banderas puedan libremente comerciar en el comercio marítimo interno Argentino sin estar regidos por todas las leyes de orden público y todas las reglamentaciones a las que están sometidos los barcos y las empresas armadoras nacionales. Permitir que barcos extranjeros tripulados por extranjeros comercien o presten servicios en el interior de Argentina sin pagar impuestos de ninguna naturaleza en el país, sin respetar los convenios y legislación laboral nacionales, sin tributar cargas sociales, empleando tripulantes de otras nacionalidades que no están registrados por las autoridades nacionales y que finalmente pertenecen a empresas extranjeras sin representación formal en el país, conforme a la vigente Ley de Sociedades sería peligroso, injusto e inconveniente para los intereses Argentinos«.
Para finalizar la Cámara Naviera le manifiesta a Ferraro «La Cámara Naviera Argentina apoya la política de desregulación y eliminación de todos los obstáculos que han llevado al país y a nuestra actividad en especial a esta situación de crisis, pero reitera su firme posición de defensa de leyes como las que nos ocupa, que rigen nuestro quehacer y que establecen su marco legítimo. Creemos que pueden existir medidas intermedias que ya se han experimentado en otros países, así como otras que rigieron en Argentina en la industria de servicios aéreos o inclusive en la industria marítima en la década del 90, que actualizadas podrían ser útiles a los objetivos perseguidos por el Gobierno Nacional, los usuarios, las terminales portuarias y también el sector armatorial».
La dura nota fue remitida con copia al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ing. Nicolás Posse y al Ministro de Economía, Lic. Luis Caputo.