La Secretaría de Pesca de Chubut remitió las cartas documento a los siete permisionarios de las nuevas licencias de pesca que fueron otorgadas por el gobierno anterior, en las que le permiten seguir usufructuando esos permisos si se allanan, sin protesta ni reclamo, a abonar determinada suma de dinero.
En un procedimiento administrativo, sin precedentes, «el Estado de Chubut invita a quienes obtuvieron esas licencias de pesca, nacidas a partir de Ley IX Nº 157, sancionada en la madrugada del 23 de diciembre de 2022, a que se avengan a abonar un monto determinado de dinero, teniendo el ‘privilegio’ de aceptarlo y quedarse con las licencias» en caso contrario, el Estado promovería la revocatoria para su posterior licitación. Nunca antes se ha hecho algo parecido.
Se trata de las firmas Consermar de Trelew, Bonasur de Rawson, Estrella Patagónica de Puerto Madryn, Madryn Pesquera S.A., Cabo Vírgenes de Rawson, Mar Perlado S.A. y Luez S.R.L.
Vale aclarar que estos nuevos permisos pesqueros fueron creados por la Ley IX Nº 157 (Reglamentada por el Dto. Nº 597) y ratificadas por las Resoluciones Nº 132/2023-SP, Nº 133/2023-SP, Nº 134/2023-SP, Nº 135/2023-SP, Nº 124/2023-SP, Nº 125/2023-SP y Nº 392/23-SP, con fundamento en la legislación previamente citada.
Esta información fue dada a conocer por el portal Parte de Pesca, en base a las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres,(Ver: http://informemaritimo.com/nacho-torres-ordeno-revocar-7-permisos-pesqueros-y-licitarlos-nuevamente/) sobre fines del mes de abril.
La semana pasada Andrés Arbeletche, secretario de Pesca de Chubut, explicó los alcances de la medida y aseguró que el Fiscal de Estado se expedirá «declarando la nulidad de los actos administrativos» por los que dichos permisos fueron otorgados (Ver: http://informemaritimo.com/arbeletche-adelanto-que-la-semana-que-viene-revocaran-los-siete-permisos-de-pesca/).
Sería extraño que quien debe ejercer el control de legalidad de los actos administrativos (el Fiscal de Estado) vaya a tener una decisión contraría, toda vez que es el mismo que le otorgó la legalidad en el gobierno de Arcioni.
Torres cambia en su postura y decide darle la oportunidad a las empresas beneficiarias para que se «avengan» a pagar un canon superior y continúen con sus permisos, totalmente distinto a lo que anticiparon, tanto el como su Secretario de Pesca.
Nada hace pensar en que las empresas acepten este «apriete» de Torres sin acudir a la justicia, ya que el otorgamiento de esos permisos de pesca, no fueron otorgados por un mero acto administrativo, sino que el acto administrativo se fundamentó en una ley emitida por la legislatura provincial.
Es indiferente lo que piense o sospeche el gobernador, en tanto y en cuanto, no tenga pruebas contundentes de que hayan existido actos de corrupción por parte de legisladores y funcionarios. Así y todo, deberá ser la justicia la que debe determinarlo.