Entidades del campo, acopiadores y exportadores pusieron el grito en el cielo tras un reciente fallo judicial que declaró la validez de la “Tasa Vial Solidaria” de Necochea, un tributo que se cobró en el distrito entre 2015 y 2017 a vehículos automotores que circulaban hacia el Puerto de Quequén con cargas superiores a los 3500 kg.
El tributo sancionado por el Concejo Deliberante había sido judicializado por el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (además contaba con numerosas adhesiones de entidades del sector) tras una serie de intimaciones y embargos impulsados por la gestión municipal del por entonces intendente Facundo López (Frente Renovador) a más de 30 empresas que no abonaban la Tasa.
Si bien el distrito dejó de cobrar la Tasa en 2018 al no incluirla dentro de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, la pelea siguió en el terreno judicial. Pese a que en una primera instancia, los demandantes lograron una resolución favorable del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Necochea que declaró “inaplicable” la tasa solidaria por mantenimiento diferenciado de la red vial, las autoridades municipales apelaron la medida. Tras años de espera, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revirtió el fallo y convalidó la validez de la ordenanza.
Esta medida judicial, que será de aplicación retroactiva (https://informemaritimo.com/justicia-ratifica-el-cobro-de-la-tasa-vial-solidaria-en-el-municipio-de-necochea-a-los-operadores-portuarios/) ya fue anunciada por Informemaritimo.com hace apenas tres día, ya también anticipaba que podría extenderse al resto de los puertos bonaerenses con economías comprometidas por la falta de recursos.
“Este tipo de medidas encubiertas meramente recaudatorias, lo único que generan es la pérdida de competitividad nacional, pero principalmente para la ciudad de Necochea y su comunidad quienes perderemos debido a que resultaría casi imposible sostener los volúmenes de exportación, cuya carga seria desviada a otros puertos, principalmente por Bahía Blanca” alertaron las entidades rurales.
Y más allá del posible “traslado” para Bahía, se debería trabajar en aspectos fundamentales como el cupo, los ingresos, Rutas y capacidad operatoria.
Hace algunos años, el municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán), gestión del intendente Gustavo Pulti, intentó sin suerte (la justicia falló en su contra), aplicar una «Tasa de Inspección Veterinaria» para destinarla a la reparación de calles cercanas a su terminal portuaria.
Esta medida, ahora avalada por la misma justicia, con el mismo destino, pero con diferente denominación le abre la puerta a un nuevo intento, basándose en la jurisprudencia generada por esta resolución de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
Lo mismo puede suceder con los puertos santafesinos. El Gobernador Pullaro, hace intensos esfuerzos para lograr reparar los accesos a los puerto de Santa Fé. Más aún ante la suspensión de las obras sobre rutas nacionales y provinciales que se hacían con el aporte del Gobierno Nacional. Tuvo que recurrir a la emisión de un bono, endeudándose, para poder encarar las obras con recursos propios.
La misiva en cuestión lleva la firma de Agronomías de Necochea, AAPRESID Regional Necochea, CARBAP, Centro de Acopiadores de Cereales, Centro de Exportadores de Cereales, CONINAGRO, CRA, Federación Agraria Necochea, Sociedad Rural Necochea y Sociedad Rural Argentina (provincia de Buenos Aires).